Mauricio Ochoa Urioste
Las revelaciones del ex fiscal Marcelo Soza, peticionante además de refugio en el país vecino, dan muestra cabal del nivel al que ha llegado el autoritarismo en Bolivia. Ciertamente en el Caso Rózsa, por el que se ha atribuido hechos criminales a decenas de políticos cruceños prisioneros o en el exilio, y cuyo detonante fue una bomba brutal en la casa del excelentísimo Cardenal Julio Terrazas, pone una vez más de manifiesto la terrible crisis en la que se encuentra sumergido el órgano judicial y la democracia, y la violencia estatal afincada en el poder.
Tal como lo anoté en un artículo de opinión anterior, la ineficacia de las normas jurídicas en Bolivia, ha llevado a conformar un ilegal “gabinete jurídico” compuesto por fiscales, jueces, ministros de Estado, abogados, funcionarios públicos, a los que se suman en la conducción el mismísimo presidente Evo Morales y los hermanos García Linera.
Más patente, pues, no podría ser el régimen de cuño autoritario. De nada sirve ahora cargar con más presos políticos, refugiados y violaciones a los derechos humanos. Bolivia es víctima, una vez más en su larga historia, de un golpe a las instituciones democráticas.
La izquierda política no puede ocultar el sol con un dedo. Junto a don Andrés Soliz Rada, fui parte de ese grupo de intelectuales de la izquierda nacional que apoyó en su inicio y de manera independiente y crítica el proceso de cambio social -lo que no equivale a decir al gobierno de Evo Morales-. Los años pasan, no en vano, y mis convicciones políticas cambiaron debido a una lectura más meditada, pausada y madura de los hechos. Hoy, hundido en la tragedia que vive el país, me impele la necesidad de expresar una vez más mi repudio y condena pública a los actos de barbarie. La complicidad con la que ciertos intelectuales de la izquierda política boliviana se atrincheran, es oprobiosa y lamentable. La estulticia de su silencio o sus arengas a favor de este régimen, estarán marcados en la historia boliviana, como lo han sido aquéllos que apoyaron las dictaduras militares en América Latina.
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Don Carlos Mesa Gisbert ha asumido una posición crítica del gobierno boliviano al decir que la reelección de Morales es anticonstitucional. Entiendo que su postura es la de muchos otros: la demanda marítima boliviana es un asunto que incumbe a todos, y sin embargo, no podemos por ello ser obsecuentes con las acciones de una casta superior de hombres que dictan leyes, acusaciones, querellas, sentencias, violaciones a los derechos humanos, y atentados contra la convivencia pacífica y civilizada.
El pueblo boliviano en su mayoría reclama justicia, paz y libertad. El fin de la escalada de la violencia estatal será posible si la comunidad internacional – la ONU, la OEA, la Unión Europea, los Estados Unidos, los países latinoamericanos – toma conciencia de la enorme gravedad que implica apoyar abierta o solapadamente en el siglo XXI un Gobierno cuyos tintes de tiranía son por lo demás palpables y a la vista de todo público.