El caso Rósza ha vuelto a levantar polémica.
Subeditorial – Los Tiempos
Esta vez, debido a la publicación, en un matutino paceño, de fotografías en las que el mismo efectivo policial acusado de abrir fuego contra un equipo de periodistas en la ciudad de Santa Cruz aparece posando y compartiendo con el ciudadano croata-boliviano, acusado de terrorismo por el Gobierno, que fue ejecutado en el ya célebre operativo del hotel Las Américas.
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¿Se trataba de un infiltrado o informante del Gobierno? ¿Se refuerza la hipótesis de que Rósza fue traído al país para involucrarlo, premeditadamente, con las élites cruceñas? ¿El polémico policía participó en el operativo del hotel Las Américas? ¿Por qué el Gobierno resolvió disolver la polémica unidad de la policía que ejecutó dicho operativo y habría participado, según aseguran varias informaciones de prensa, en los cruentos enfrentamientos sociales de Sucre, Cochabamba y Pando, entre otros? ¿Por qué no se hacen públicos, por los canales regulares, los nombres de los policías que dispararon contra un equipo periodístico en la ciudad de Santa Cruz?
Hay, a todas luces, demasiados cabos sueltos y abundantes interrogantes que no hallan respuesta y probablemente no la hallarán mientras el caso no sea investigado sin los intereses ni las evidentes injerencias políticas que rodean este caso.
El polémico caso Rósza –que comenzó siendo tipificado como intento de magnicidio, pasó a ser calificado de movimiento separatista y terminó encasillado como movimiento terrorista– se ha convertido en una novela política que pretende ser esclarecida en las pantallas de televisión y no, como debería ser, en las instituciones legalmente establecidas para tal efecto. Así pues, el papel del Ministerio Público, que no parece estar obrando con la transparencia y autonomía exigidas, deja mucho que desear.