Gobierno de Costa Rica quiere volver a legalizar la minería a cielo abierto

El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, informó este miércoles que su gobierno busca legalizar de nuevo la minería a cielo abierto tras su prohibición en 2010 en un país mundialmente conocido por su respeto al medioambiente.

Vista parcial del "Campo Las Crucitas", a unos 200 km al norte de San José, donde la canadiense Infinito Gold proyectaba explotar una mina de oro, antes de que Costa Rica prohibiera, en 2010, la minería a cielo abierto
Vista parcial del «Campo Las Crucitas», a unos 200 km al norte de San José, donde la canadiense Infinito Gold proyectaba explotar una mina de oro, antes de que Costa Rica prohibiera, en 2010, la minería a cielo abierto © YURI CORTEZ / AFP/Archivos
Fuente: rfi.fr

San José (AFP) – «(Estamos) sentados en una mina de oro», dijo el mandatario en una rueda de prensa en San José, donde se anunció que el Ejecutivo presentó a la Asamblea Nacional un proyecto de ley para levantar la prohibición y explotar una mina de oro en el norte del país.

El yacimiento se encuentra en Crucitas, a unos 200 km al norte de San José, cerca de la frontera con Nicaragua. Está clausurado desde hace 14 años, cuando se canceló la concesión a la minera canadiense Infinito Gold y se aprobó la prohibición de explotación minera a cielo abierto a nivel nacional.



El proyecto busca reformar la ley de Minería y obtener la excepción solo para este yacimiento y que pueda ser concesionado a través de subasta a uno o varios oferentes con una regalía mínima del 5% para el Estado.

Desde que se instauró la prohibición en 2010, mineros ilegales, conocidos como «coligalleros» y en su mayoría nicaragüenses que cruzan ilegalmente la frontera, extraen el oro de ese yacimiento y lo sacan del país.

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«Tenemos miles de millones de dólares disponibles», pero «los nicaragüenses (…) se llevan el oro» y contaminan la zona, afirmó Chaves.

Para procesar el oro, los mineros ilegales usan cianuro y mercurio, provocando graves daños al suelo y los ríos de la zona, según organizaciones defensoras del ambiente.

El proyecto contempla la aplicación de estándares internacionales en la operación y la eliminación del uso de materiales peligrosos para el ambiente.

Debido a la minería ilegal y la extracción de oro constante, el gobierno tiene desplegado en el lugar un contingente policial encargado de detener a los mineros y desbaratar sus operaciones de extracción.