En las recientes elecciones parciales el 15 de diciembre sólo se eligieron 19 de 26 altas autoridades del sistema judicial mientras los restantes siete magistrados serán elegidos en un nuevo proceso electoral que por ahora no tiene fecha.
eju.tv
Juan Carlos Véliz / La Paz
El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) tuvo un marcado protagonismo este año en medio de una crisis institucional que golpea a Bolivia. Mediante fallos controvertidos se impuso a poderes del Estado como el órgano Legislativo y el órgano Electoral.
El TCP tiene como principal función “velar por la supremacía de la Constitución, ejerciendo el control de constitucionalidad para precautelar el respeto y la vigencia de los derechos y garantías constitucionales, en el marco de una justicia plural, conforme a los principios y valores constitucionales”, según la misión de esa institución que forma parte del órgano Judicial.
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Los mandatos de los magistrados del Tribunal Constitucional debían fenecer el 31 de diciembre de 2023, pero éstos mediante un auto constitucional se prorrogaron en funciones al igual que todas las autoridades del sistema judicial boliviano hasta que se realicen nuevas elecciones para elegir a sus sucesores.
De ahí nació el calificativo de “autoprorrogados” por parte de políticos del MAS evista y de partidos de oposición.
La determinación fue asumida pese a la negativa de los seguidores del líder cruceño.
Las sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia son obligatorias y deben ser cumplidas por todos los poderes públicos. Si no se cumple una sentencia constitucional, se puede iniciar un proceso penal y la pena puede ser de 3 a 6 años de cárcel.
Después ordenó a la Asamblea Legislativa Plurinacional que acate la declaración constitucional 049/2023 que amplía las funciones de los magistrados antes de abordar el tratamiento de una ley para las elecciones judiciales.
Los líderes políticos como Evo Morales, Carlos Mesa y Tuto Quiroga rechazaron la imposición de dicha decisión y alertaron que la democracia está en riesgo.
Sin un poder que le haga frente, el TCP también actuó a través de salas constitucionales departamentales y emitió resoluciones calificadas como favorables al gobierno del presidente Luis Arce.
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Por ejemplo, se mantuvo vigente una resolución que suspendió «provisionalmente» la facultad fiscalizadora que tiene la Asamblea Legislativa y de interpelación a ministros del gabinete del Presidente.
Uno de los focos de atención de los magistrados del Tribunal Constitucional fue el desarrollo de las elecciones judiciales que comenzó con la fase de preselección en la Asamblea Legislativa y después pasó al Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Durante el desarrollo de la primera fase hubo varias suspensiones del proceso de selección de candidatos debido a amparos constitucionales presentados por postulantes excluidos y que demoraron el desarrollo de las elecciones.
Una vez que el proceso electoral estuvo en manos del TSE, el Tribunal Constitucional suspendió las elecciones judiciales en al menos cinco departamentos y los comicios se realizaron de manera parcial.
El TSE en primera instancia determinó desacatar el fallo porque atenta contra el principio de preclusión de los procesos electorales, pero no recibió el respaldo del Legislativo y de los partidos políticos que tiene representación en ese órgano del Estado.
Doblegado por la falta de respaldo, no le quedó de otra que organizar unas elecciones parciales el 15 de diciembre en el que eligieron sólo 19 de 26 altas autoridades del sistema judicial mientras los restantes siete magistrados serán elegidos en un nuevo proceso electoral que por ahora no tiene fecha.
El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, intentó revocar el mandato de los “autoprorrogados” mediante una ley que inicialmente fue sancionada en una sesión de Asamblea Legislativa en ausencia del Presidente Nato de ese órgano, David Choquehuanca, y después de un acto de promulgación, pero ambas iniciativas fueron invalidadas por el mismo Tribunal Constitucional.