Ejecutivo gremial: “Nos piden vender barato y por otro lado nos fiscalizan”


El dirigente gremial destacó que su principal objetivo en este escenario será buscar un diálogo con el gobierno para buscar soluciones.

Ligia Portillo

Fuente: Red Uno/Que no me pierda



César Gonzáles, secretario Ejecutivo de la Confederación Nacional de Trabajadores Gremiales, ofreció su visión sobre los desafíos que enfrenta su sector en el contexto de la reunión multisectorial programada para este lunes 13 de enero en Santa Cruz.

Durante su intervención, Gonzáles señaló que la situación afecta a diversos actores de la cadena productiva, como productores, transportistas y comerciantes. “Esto afecta al productor, al transportista y a quien comercializa”, destacó.

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El dirigente gremial destacó que su principal objetivo en este escenario será buscar un diálogo con el gobierno para buscar soluciones. Sin embargo, expresó un rechazo rotundo a la Disposición Adicional Séptima incluida en la Ley 1613, que forma parte del Presupuesto General del Estado (PGE). Dicha disposición otorga facultades a las «autoridades competentes» para decomisar productos alimenticios esenciales, lo que ha generado una fuerte polémica.

Gonzales calificó esta medida como un «error funesto» que pone en riesgo la estabilidad del sector productivo y el abastecimiento de alimentos a la población. Además, subrayó que la ley impacta directamente en los intereses de los trabajadores, pues no solo afecta el capital, sino también el trabajo en la cadena productiva.

“Primero buscaremos el diálogo con el gobierno. Ahora derogaremos esta ley que está metiéndose con el capital y el trabajo”, señaló con firmeza.

El líder gremial también se mostró crítico con las medidas que obligan a los empresarios a vender productos a precios bajos sin tener en cuenta las implicaciones fiscales. “Nos están obligando a vender barato, pero no toman en cuenta que somos fiscalizados por Impuestos Nacionales. Esto incluso afectará a las tiendas de barrio”, advirtió.

Este pronunciamiento subraya el clima de creciente incertidumbre económica que atraviesa el país. La escasez de combustible, la falta de dólares y la inflación creciente agravan la situación, lo que coloca a la Ley 1613 en el centro de un debate que podría definir el rumbo económico del país en 2025.

El tema central de la conflictividad social podría girar en torno a esta ley, lo que será abordado en el ampliado previsto para la jornada del 13 de enero.


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