Salud refuta acusaciones de Evo sobre una supuesta prohibición de atención médica


Morales buscaba obtener un certificado médico que justificara su inasistencia a la audiencia cautelar del 17 de enero en Tarija, donde se lo investiga por los presuntos delitos de trata y tráfico de personas con agravantes.

Viceministro de Salud, Max Enríquez. Foto/captura Btv

El viceministro de Salud, Max Enríquez, negó este domingo las declaraciones de Evo Morales, quien aseguró que el Ministerio de Salud habría instruido a médicos evitar atenderlo en su domicilio del Chapare.

Morales buscaba obtener un certificado médico que justificara su inasistencia a la audiencia cautelar del 17 de enero en Tarija, donde se lo investiga por los presuntos delitos de trata y tráfico de personas con agravantes.



Enríquez descartó categóricamente que se haya emitido alguna orden o comunicado privando a Morales o a cualquier persona del derecho a la atención médica. Explicó que, según los procedimientos médicos, los certificados solo pueden emitirse tras la valoración directa del paciente.

En declaraciones al canal estatal, dijo que “es imposible que un certificado médico se obtenga a través de intermediarios o sin cumplir los protocolos legales y éticos propias de la profesión médica.

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Asimismo, destacó que el derecho a la salud está consagrado en la Constitución Política del Estado y que nadie puede ser privado de atención médica, ya sea en el sistema público o privado.

Sin embargo, recordó que los médicos particulares tienen libertad para decidir sobre su disponibilidad, mientras que en el sector público la atención está garantizada para toda la población.

Alerta migratoria y situación judicial

Paralelamente, la directora general de Migración, Katherine Calderón, confirmó que sigue vigente la alerta migratoria contra Morales, quien enfrenta una imputación por trata de personas agravada. Esta medida tiene como objetivo garantizar su permanencia en el país durante las investigaciones.

Calderón explicó que la alerta migratoria continuará activa hasta que la Fiscalía solicite su levantamiento. Este proceso surge tras una denuncia que involucra a Morales en una relación con una adolescente en 2015 en Yacuiba, de la cual se presume que habría nacido una hija.


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