Si bien el Gobierno prohibió el incremento en el costo de las pensiones, varias unidades educativas encontraron maneras de obtener más dinero de los padres. Por ello, el Viceministerio de Defensa del Consumidor ya ha recibido 200 denuncias.
Entre los reclamos registrados está la directa ignorancia de las resoluciones ministeriales. Aunque el viceministro Jorge Silva no especificó un monto, sí indicó que tienen datos de colegios que sí han incrementado el monto de las pensiones.
«No se puede negar, los empresarios de la educación quieren ganar. Por eso, se han inventado formas para sacar más plata a los padres», indicó Silva este domingo.
Una de las formas es la invención de pagos extra con varios justificativos. Uno de los casos más comunes es la exigencia de un pago para un seguro. También se pide dinero para supuestas actividades futuras.
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Otra de las formas más insidiosas es utilizar agentes externos. «Nos han informado de unidades educativas que dirigen a los padres a notarios específicos para validar el contrato entre colegio y familia», contó.
Otra manera es exigir marcas específicas para material escolar como uniformes -los cuales también pueden vender los centros con precios más altos- lápices y otros.
Esto no es un fenómeno exclusivo de los colegios privados. Silva indicó que hay un número creciente de denuncias sobre el sistema fiscal.
El cobro más común es el destinado para arreglos dentro de las unidades. Los directores dicen que es para arreglar desde pupitres hasta techos.
Sin embargo, las autoridades indican que esto es ilegal. «Son los gobiernos municipales quienes deben financiar eso, no los padres de familia. Nada justifica esos cobros», reclamó Silva.
Y están las «multas». Estas son sanciones que se inventaron en algunos colegios fiscales para penalizar a padres que «faltaron a las reuniones».