En su criterio, la disposición debe ser eliminada de la Ley 1613, del PGE 2025, debido a que en cualquier momento se puede aprobar la reglamentación y ejecutarse, con el fin de «coaccionar» al sector productor.
eju.tv / Video: DTV
El secretario de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), Mauricio Serrate, enfatizó este martes que los sectores productivos de ese departamento no están conformes con la suspensión temporal de la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, que le da tuición al Gobierno para confiscar en lo que considere que hay especulación y agio. En ese sentido, exigen la derogación de dicha norma.
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“Respaldo plenamente a todo el bloque de Santa Cruz, conformado por la CAO, Fegasacruz, ADA y todas las organizaciones vivas que conforman la Cámara Agropecuaria del Oriente, en el sentido de que esa disposición tiene que ser derogada, no tiene que haber una suspensión”, enfatizó Serrate, ante la consulta sobre la suspensión temporal de la disposición confiscatoria.
En su criterio, la disposición debe ser eliminada de la Ley 1613, del PGE 2025, debido a que en cualquier momento se puede aprobar la reglamentación y ejecutarse, con el fin de «coaccionar» al sector productor.
“Mientras tanto y en cuanto no exista una derogación de esa norma, ya que dijeron que hay suspensión, ésta se la puede hacer cumplir en cualquier momento. La pueden tener debajo de la mesa para cualquier tipo de coacción al sector productivo y privado”, consideró el representante del sector ganadero.
También observó que en la reunión no hayan participado los representantes productores de Santa Cruz y de otras regiones del país, al igual que de los sectores movilizados, que marcharon ayer. Anticipó que el Comité Multisectorial asumirá una posición sobre la suspensión temporal que determinó el Gobierno.
La posición del sector se da luego de que el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) se reunió con autoridades de Gobierno este martes en horas de la mañana y una de las conclusiones fue acordar que no se aplicará de momento la disposición confiscatoria, mientras se desarrolle el diálogo para la reglamentación de la norma que está vigente desde el 1 de enero de este año.
