Era necesario que el eventual candidato no distraiga el tiempo y energía que requiere el desempeño de esas labores, al invertirlos en objetivos ajenos al de sus altas funciones.
Editorial La Prensa
Dado el justo equilibrio entre quienes participan en una contienda electoral, urge modificar algunas normas que rigen la contienda electoral por la que estamos transcurriendo. Es por ello que cabe insistir en la vigencia de aquella ley que prevalecía por lo transparente entre nuestros hábitos electorales: todo funcionario público que optara por una candidatura en las elecciones nacionales debía presentar su renuncia irrevocable al cargo tres meses antes de la contienda. Se trataba de eliminar cualquier sospecha de que el eventual candidato pudiera aprovechar su posición pública para utilizar recursos estatales a favor de su campaña.
Y esta determinación no era traída de los pelos, pues se suponía que, además de evitar cualquier tentación para aprovechar su situación de figura pública para favorecer su candidatura, era necesario que el eventual candidato no distraiga el tiempo y energía que requiere el desempeño de esas labores, al invertirlos en objetivos ajenos al de sus altas funciones. Sin embargo, la Ley Electoral vigente optó por omitir esta norma que suponemos básica en una contienda, más aún si —a diferencia de lo que sucedía antes— hoy la Constitución Política del Estado permite la reelección presidencial.
Sin embargo, por extraños designios en los que seguramente tuvo mucho que ver la mayoría oficialista, la nueva ley electoral optó por omitir esta importante norma que favorece claramente al binomio oficialista Evo Morales-Álvaro García Linera, quienes, de persistirse en aquella postura de la renuncia obligada, deberían haber dejado sus cargos para encarar las próximas elecciones en las mismas condiciones que los demás candidatos electorales. Esta situación también habría afectado a parlamentarios —tanto oficialistas como opositores— que participan como candidatos en algún cargo electivo.
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No sucede tal cosa, tanto el presidente Morales como su Vicepresidente continúan incólumes en sus altos cargos, lo cual les permite desarrollar sus altas funciones tomando en cuenta el mayor provecho posible para sus respectivas campañas. Recordemos que en su viaje a España nuestro Primer Mandatario ha realizado una clara campaña destinada a capturar la votación de los bolivianos que residen en ese país. Claro, además está el uso descubierto que la fórmula oficialista realiza de los órganos mediáticos estatales, por lo que tanto el canal 7 y la red Patria Nueva prácticamente han centrado su programación en función de ese objetivo.
Además está el abierto uso de los medios estatales, comenzando con los vehículos oficiales que son utilizados en función de este claro objetivo. Claro, también están los “aportes voluntarios” a los que están obligados los funcionarios públicos a cambio de su seguridad laboral. Dadas así las condiciones, evidentemente el presupuesto que requiere la campaña electoral masista es mucho más ventajosa que el requerido por los candidatos opositores que en estos comicios tampoco contarán con aquel aporte estatal que subvencionaba las campañas, tanto oficialistas como opositoras.