Autoridades orureñas destacaron los beneficios económicos de la explotación del litio en el salar de Coipasa, en contraste con la oposición que enfrenta el proyecto en Potosí.
A diferencia de lo que ocurre en Potosí, autoridades y sectores del departamento de Oruro respaldaron este viernes la industrialización del litio y pidieron a la Asamblea Legislativa avanzar en la aprobación de los contratos y el proyecto de Ley del Litio.
En conferencia de prensa, la presidenta de la Brigada Parlamentaria de Oruro, Mery Choque, destacó la importancia de no postergar más este proceso, considerando que Bolivia posee las mayores reservas mundiales de este recurso estratégico.
«Avancemos en los contratos que están en mesa en la Cámara de Diputados y el proyecto de la Ley del Litio, paralelamente. No nos perjudiquemos más porque realmente Bolivia necesita de inversiones», afirmó Choque.
Oruro
Advirtió que, de no aprobarse estos acuerdos, el país perderá una oportunidad histórica para desarrollar su economía y generar empleos.
El alcalde de Coipasa, Ismael Peredo, respaldó la postura de Choque y destacó que su municipio tiene una posición «bien clara» a favor de la industrialización del litio en el salar de Coipasa.
«La industrialización del litio en el salar de Coipasa va a generar empleos, directos e indirectos, en nuestro departamento de Oruro y, por ende, en nuestro país», resaltó Peredo.
Sara Poma, autoridad de la Autonomía Indígena Originario Campesina (AIOC) de Salinas, también se sumó al llamado, señalando que su región recibió socializaciones sobre los contratos y respalda su aprobación.
«Vamos a pedir que se vaya aprobando este proyecto de Ley del Litio por el futuro de nuestros hijos, hijas y de nuestro departamento», añadió Poma.
En contraste, las autoridades orureñas lamentaron la coyuntura en Potosí, donde algunos sectores se oponen a la industrialización del litio.
Mientras Oruro avanza en la socialización y busca consensos para la aprobación de los contratos, Potosí enfrenta divisiones y movilizaciones que buscan que los acuerdos no sean aprobados por la Asamblea.