La institución recordó la necesidad de que las políticas públicas ambientales sean implementadas en concordancia con la Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien, con el fin de garantizar un desarrollo equilibrado y sostenible.
Fuente: Sumando Voces
Tras la aprobación de una minuta del Senado que flexibiliza los controles ambientales cerca de cuerpos de agua, este 24 de febrero la Defensoría del Pueblo instó al Estado a fortalecer los mecanismos de prevención para evitar vulneraciones a los derechos humanos y los derechos de la naturaleza. La institución recordó la necesidad de que las políticas públicas ambientales sean implementadas en concordancia con la Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien, con el fin de garantizar un desarrollo equilibrado y sostenible.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
“La Constitución establece que el Estado debe asegurar que las políticas ambientales sean participativas, incorporando evaluaciones de impacto ambiental para cualquier proyecto que pueda afectar los recursos naturales, así como establecer responsabilidades y sanciones claras para quienes causen daños ambientales”, precisa el pronunciamiento, citando los artículos 342, 343 y 345 de la Carta Magna. También agrega el artículo 346 que protege los recursos hídricos estratégicos que conforman las cuencas hidrográficas.
El pronunciamiento surge tras la aprobación de una Minuta de Comunicación en la 50° Sesión Ordinaria de la Cámara de Senadores, que recomienda al Ministerio de Minería y Metalurgia exigir un Estudio Ambiental con Enfoque Multisectorial antes de realizar actividades mineras, pero después de la suscripción del contrato administrativo minero. La Defensoría advirtió que este proceso debe fortalecerse para garantizar que la explotación de recursos naturales no genere impactos irreversibles en los ecosistemas.
En este contexto, la institución defensorial subrayó la importancia de aplicar de manera estricta la Ley 1333 de Medio Ambiente y sus reglamentos en el marco de la Ley 535 de Minería y Metalurgia. Asimismo, enfatizó la necesidad de establecer restricciones claras a la actividad minera en áreas estratégicas, como las fuentes de agua, ríos y lagos, en resguardo de los ecosistemas y el bienestar de la población.
En el pronunciamiento, la Defensoría del Pueblo reafirmó su compromiso de continuar con el seguimiento a la implementación de las normativas ambientales y los procedimientos de control vigentes, con el objetivo de garantizar el derecho de la población a un medio ambiente sano y equilibrado, así como la protección del agua, recurso fundamental para la vida.