Indicó que también se acordó que en el nuevo encuentro de los sectores que aglutinan el Comité Multisectorial, que se realizará en la ciudad de El Alto, el viernes 21 de marzo, analizarán la disposición del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que paraliza la disposición adicional séptima del PGE 2025.
eju.tv / Video: DTV
El Comité Multisectorial ratifica la marcha prevista para el lunes 24 de marzo, que partirá desde la población de la Apacheta, en La Paz, hacia la sede de Gobierno, con el objetivo de pedir al Gobierno nacional que se devuelva la certidumbre, debido a la escasez de combustible y la seguridad jurídica para todos los sectores económico y que en el caso de la disposición confiscatoria, es un tema que analizarán el viernes 21 de marzo, afirmó este lunes por la tarde el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Klaus Frerking. Asimismo, enfatizó que en Bolivia se vive una triple crisis: la económica, la energética y la falta de credibilidad.
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“La marcha continúa y se realizará el lunes 24 de marzo, se postergó para esa fecha porque toda la cadena estamos haciendo cola por los combustibles. La gente está en una perspectiva de supervivencia. Tenemos en camino una cosecha y no se puede exportar, el 60% del transporte está paralizado, por lo tanto, toda la rueda económica se ha ralentizado, porque Bolivia está en crisis económica, energética y el Gobierno está en una crisis de credibilidad”, enfatizó Frerking, sobre la triple crisis que se registra en el país.
Mencionó por ejemplo, que en el sector agropecuario ingresará a la cosecha más importante del año, en referencia a la campaña de verano, y que son 1,2 millones de hectáreas para cultivas de soya, sin contar con otros granos, y que si no se tiene el diésel oportuno en los siguientes días, se perderá toda esa siembra. Por tanto, se requiere certidumbre para seguir invirtiendo.
Indicó que también se acordó que en el nuevo encuentro de los sectores que aglutinan el Comité Multisectorial, que se realizará en la ciudad de El Alto, el viernes 21 de marzo, analizarán la disposición del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que paraliza la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, también conocida como disposición confiscatoria.
“Hemos quedado que vamos a analizar todos los puntos el viernes en la ciudad de El Alto, donde estaremos como Comité Multisectorial. Es una esperanza que quiere devolver certidumbre y un poco de seguridad jurídica a toda esta cadena de abastecimiento que tiene el país, esperemos que continúe de darle el camino de certeza a todos los bolivianos y esperemos que el TCP siga trabajando por el buen camino y el camino que conduzca a la continuidad de la producción de alimentos”, respondió el presidente de la CAO, ante la pregunta sobre qué opinan sobre la determinación del TCP.
En esta jornada, magistrados del TCP informaron sobre la admisión de la acción de inconstitucionalidad abstracta contra la disposición adicional séptima del PGE 2025 y dispuso la suspensión en su aplicación hasta que se emita una sentencia final, lo que tardará por lo menos unos tres meses, debido a que la notificación y una posible respuesta de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) tomará 15 días habíles y otros 45 días debe pasar entre el sorteo y la emisión de una sentencia final desde ese Órgano Judicial.
