El viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, cuestionó la representación de César Gonzales como dirigente de los gremiales y calificó como regional la representación de la CAO.
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El viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, anunció que el Gobierno analizará la propuesta que el Comité Multisectorial dirigió al presidente Luis Arce el miércoles tras una marcha que partió de la ciudad de El Alto y concluyó en puertas de la Casa Grande del Pueblo.
No obstante, puso en tela de juicio la representación de «varios dirigentes» que están congregados en este bloque de más de 60 organizaciones.
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«Corresponde conocer este documento y ver qué temas están planteando y cómo se va a poder atender porque el presidente (Luis Arce) es presidente de todos los bolivianos», afirmó.
«No podemos discriminar a quiénes escuchamos y a quiénes no, qué documentos consideramos y qué documentos no», añadió en una entrevista con la red Uno.
En ese marco, explicó que «toda la correspondencia que llega a Casa Grande tiene que ser atendida».
No obstante, Silva puso en duda la representación de César Gonzales, a quien identificó como dirigente de los gremiales de un sector de Santa Cruz y no como representante nacional.
También se refirió a la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), que en criterio de la autoridad del Gobierno «representa a agropecuarios del oriente».
«En todos los departamentos hay asociaciones, federaciones, hay cámaras y cada uno tiene una representación a veces local, departamental y en algunos casos nacional», matizó.
Luego dijo que las conversaciones del Gobierno son con las entidades nacionales. «Estamos hablando de la representación nacional con quienes se ha conversado, con los entes matrices de estos sectores».
«Cada uno de estos actores seguramente tiene una representación local o regional, pero que en todo caso son los propios actores de los sectores quienes desconocen como representantes a nivel nacional», añadió.
Silva citó como ejemplo que el Gobierno acordó con la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) dejar sin efecto la disposición confiscatoria.
En ese marco, anunció que «la mayoría» de las demandas «están siendo atendidas», pero descartó el cambio del modelo económico, una propuesta que calificó como política.