HAY PREOCUPACION
En noviembre de 2024, el columnista de Bloomberg Juan Pablo Spinetto calificó la situación económica de Bolivia como una “tragedia”. En un análisis basado en cifras y hechos concretos, como la escasez de dólares y combustibles, Spinetto describió el futuro del país en tres palabras: “devaluación, impago y caos”.
Fuente: https://www.erbol.com.bo
El artículo de opinión de Spinetto causó revuelo en los medios bolivianos, pero, en los cinco meses transcurridos desde entonces, sus predicciones se han cumplido en gran medida. Aunque no ha habido una devaluación oficial de la moneda, debido al tipo de cambio fijo de 1 dólar estadounidense por 6,96 bolivianos (BOB), los bancos han impuesto elevadas comisiones y los tipos de cambio en el mercado autorizado de criptomonedas de Bolivia han alcanzado los 12 BOB por dólar.
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El origen de la crisis está en la “decadencia del sector del gas natural”, dijo el economista Gonzalo Chávez en septiembre pasado. Hasta 2014, el Estado percibía U$ 5.489 millones al año por la exportación del hidrocarburo. A partir de entonces, la producción empezó a bajar, llegando a US$ 1635 millones en 2024, por diversos factores. Los más citados: menor demanda de los principales mercados, Brasil y Argentina, y el declive en las reservas.
A ello se sumó la decisión de mantener un tipo cambiario fijo, de 6,9 BOB por dólar, y el aumento significativo de la deuda pública debido a los subsidios tanto a combustibles como a alimentos.
En Bolivia, el diésel y la gasolina se compran a precio internacional (US$ 1,2 el litro, aproximadamente) y se venden internamente en 3,74 y 3,72 BOB (US$ 0,54), el litro, respectivamente. Esta situación se mantiene desde 2004, y el gobierno ha absorbido el aumento de los costos del petróleo desde entonces.
Como consecuencia de todo esto, desde 2023 el país atraviesa una escasez de dólares que se ha profundizado al extremo de no poder proveer combustible porque no puede pagar a las empresas que lo venden.
La respuesta del presidente Luis Arce en cuatro años de gestión, que terminan este 2025, ha sido apostar por la construcción de plantas de producción de biodiésel, en un esfuerzo por reducir la necesidad de subsidios a los carburantes.
Arce también relanzó el proyecto de explotación de litio para aprovechar el auge de la demanda de este metal para la transición energética mundial y anunció la exploración de nuevos pozos petroleros, incluso en Parques Nacionales, para revertir la baja producción de hidrocarburos, entre otras medidas.
Ruth Alipaz, lideresa indígena del pueblo Uchupiamona
Hasta ahora, los resultados no han sido los esperados, debido a que la única planta de biodiésel está lejos de sustituir las importaciones de combustible. El proyecto del litio tampoco arranca, debido a observaciones a la rentabilidad y el impacto ambiental; mientras que la exploración petrolera es rechazada por la vulnerabilidad de los ecosistemas.
En respuesta, el gobierno asegura que estos proyectos contribuirán a mejorar sus ingresos, pero los pueblos indígenas del país afirman que son ellos quienes siempre terminan pagando el precio.
Recursos naturales en la mira
Para Ruth Alipaz, indígena del pueblo Uchupiamona en la Amazonía boliviana, la respuesta de Arce es la que siempre eligen los gobiernos frente a crisis como la detallada.
“Acuden a la extracción de recursos naturales”, dice a Dialogue Earth la lideresa, reconocida por la defensa de su territorio frente a la minería ilegal del oro, la contaminación con mercurio de los ríos y la construcción de hidroeléctricas que amenazan con inundar zonas. Ella recuerda que antes de la creación áreas protegidas, se acudió al petróleo y la minería del estaño en tierras altas (Altiplano), a la goma y la extracción de madera en los años 90, al gas natural en los 2000, y ahora a la minería del oro y la introducción de palma africana en la Amazonía.
“Es un patrón que se repite y los pueblos indígenas pagamos el alto costo: pérdida de nuestros territorios y nuestros medios de vida”, dice Alipaz.
El presidente Luis Arce saluda a ciudadanos en un acto celebrado en El Alto, departamento de La Paz. El gobierno de Arce ha fomentado la extracción de minerales críticos, la producción de biocombustibles y la apertura de nuevos pozos petroleros (Imagen: Asamblea Legislativa Plurinacional, CC BY)
Una mujer indígena camina por el Salar de Coipasa, en el departamento de Oruro. El gobierno boliviano tiene previsto seguir adelante con la exploración de litio en los salares a través de la empresa estatal YLB (Imagen: Asamblea Legislativa Plurinacional, CC BY)
En Bolivia, la minería ha sido una de las principales fuentes de ingreso desde la época colonial. Sin embargo, las regalías que deja —3%, según la Ley de Minería—, no se ven reflejadas en la economía. Una de las razones es que gran parte de la producción de minerales (55%) está en manos de asociaciones de mineros conocidas como cooperativas. Ninguna paga impuestos sobre utilidades, al considerarlas “entidades autónomas sin fines de lucro”, explica una investigación de la Fundación Jubileo.
“Lo que sí deja son daños ambientales, contaminación, deforestación y afectación a derechos”, apunta Alfredo Zaconeta, investigador sobre el tema en el Centro de Estudios Laborales y de Desarrollo Agrario (Cedla).
Riqueza económica versus riqueza natural
En su análisis, Zaconeta advierte que la minería “no es algo de lo que podamos prescindir”. Pero sí una actividad que requiere una discusión que involucre no solo a los mineros, como sucede actualmente, sino también a la academia, la sociedad civil “y a los afectados en zonas donde la minería es algo más atentatorio que beneficioso”.
Los proyectos extractivos han sido durante mucho tiempo objeto de críticas por parte de la sociedad civil y los grupos indígenas por la falta de participación genuina en los proyectos, la falta de acceso a la información o el acceso a información sesgada. Esto ha generado un sentimiento de desconfianza y rechazo entre las comunidades indígenas y campesinas, tanto dentro como fuera de las zonas ricas en minerales, como los salares de Uyuni y Pastos Grandes en Potosí, y Coipasa en Oruro.
Estos extensos mares de sal han sido señalados por el gobierno boliviano para emplazar plantas industriales de EDL (Extracción Directa de Litio), con el fin de explotar el recurso y venderlo con valor agregado. Esto debido a que juntos suman una de las mayores reservas de litio en el mundo (23 millones de toneladas cuantificadas).
“A nosotros lo que nos preocupa es la afectación del agua y que nos dejen una planta que va a requerir productos químicos”, dice Leonel Ramos, originario de la comunidad indígena quechua Mallku Villamar, en el sudoeste de Potosí, en el sur de Bolivia. Este sitio es la entrada al Salar de Pastos Grandes, el cual a su vez es parte del sitio Ramsar de Los Lípez, un humedal de importancia internacional. En el lugar ya se hizo exploración y estudios sobre recursos hídricos, “pero a nosotros hasta ahora no nos entregan los resultados”, lamenta Ramos.
En Bolivia se han establecido varios marcos jurídicos importantes para la protección del medio ambiente, los pueblos indígenas y su derecho a la información y la consulta. Entre ellos figuran la Ley de Medio Ambiente y la Ley para la Protección de las Naciones y Pueblos Indígenas en Situación de Alta Vulnerabilidad. La primera establece los derechos ambientales y la participación de las comunidades tradicionales en las cuestiones relacionadas con el desarrollo y el uso de los recursos naturales en sus tierras; mientras que la segunda se centra en la protección y las salvaguardias para los grupos expuestos a amenazas a su territorio y a su modo de vida, incluido el uso de los recursos. Bolivia también ha ratificado el Acuerdo de Escazú, el tratado latinoamericano sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en materia ambiental.
En noviembre pasado, la compañía rusa Uranium One Group firmó un contrato para construir una planta industrial de carbonato de litio, componente clave para la fabricación de baterías para vehículos eléctricos y dispositivos electrónicos, en Pastos Grandes. Se firmó otro acuerdo con Hong Kong CBC, un consorcio chino formado por el gigante de las baterías CATL y su filial Brunp, además de la empresa minera CMOC, que construirá otras dos plantas en el Salar de Uyuni. Por el momento, estos contratos están paralizados en el Congreso boliviano, a la espera de la documentación “completa y legalizada”, refiere una nota de prensa local.
Sara Crespo, directora de la ONG Probioma, especializada en monitoreo socioambiental, observa que la minería en general no es sinónimo de crecimiento económico. “¿Cuál es el departamento con mayor producción de minería y considerado uno de los más pobres del país?”, se pregunta, en alusión a la dicotomía que enfrenta Potosí desde antes de la colonia.
Extracción de carbonato de litio en el salar de Uyuni, en el sur de Bolivia. Este mineral es un componente clave en las baterías eléctricas, y Uyuni es una de las mayores reservas de litio del mundo (Imagen: Secretaría General Iberoamericana, CC BY NC)
‘Nos dividen’
En este panorama, tanto líderes indígenas como investigadores con los que Dialogue Earth conversó, coinciden en que la actual crisis económica que atraviesa Bolivia genera división e incluso violencia entre los propios habitantes de las comunidades indígenas y campesinas.
“El tema económico ha hecho más agresiva la presión sobre los territorios en minería, hidrocarburos y el avance de frontera agrícola/ganadera”, sentencia Crespo.
La lideresa Uchupiamona Ruth Alipaz lo confirma y asegura que la situación ya ha sido debatida durante el IV Congreso Nacional de la Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia (Contiocap).
“Ahora somos vistos como los que queremos parar el desarrollo y nos hacen pelear, porque unos dicen: ‘que nos den [regalías]‘. Pero en realidad [el gobierno y las empresas] solo nos prenden la mecha por algo que nunca va a llegar”, sentencia Alipaz.
El otro gran problema que enfrentan no solo pueblos indígenas sino también comunidades campesinas es la falta de acceso a la información.
A partir de la promulgación de la nueva Ley Minera (2014), se empezó a restringir el acceso a datos. Hasta 2018 —explica Crespo, de Probioma— se podía comprar la información completa sobre la situación minera del país, con mapas actualizados. Todo ello era interpretado por expertos y explicado a las comunidades indígenas y campesinas, en lenguaje no técnico, para que tomaran una decisión fundamentada a la hora de aceptar o rechazar el ingreso de nuevas mineras en sus territorios.
“En 2023, la AJAM (Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera) emitió una resolución en la que, entre otros elementos, ya no se entrega absolutamente nada”, dice Crespo. En una resolución administrativa a la que Dialogue Earth tuvo acceso, se detallan las razones técnicas, pero no se especifican las causas. “No hay explicación. Hay informes técnico-legales, pero no hay argumentación sobre el porqué”.
Las luchas de los defensores ambientales
A estos retos en el acceso a la información se suma, según algunos observadores y residentes, una situación de persecución a líderes indígenas y campesinos.
Es lo que ha ocurrido en Tres Marías, una comunidad campesina situada en el municipio de Yanacachi, en La Paz, donde los productores de flores han sido desplazados por mineros.
“[Los mineros] construyeron una comunidad dentro de nuestra comunidad, con el fin de tener territorio para explotar”, denuncia Mary Catacora, una residente local.
Desde 2021 a la fecha, la Contiocap registró 272 formas de ataques a defensores, desde procesos judiciales por difamación hasta intimidación.
Entre los afectados se encontraba el padre de Catacora, quien lideró las protestas comunitarias contra las cooperativas mineras el pasado noviembre, impidiéndoles entrar en las zonas mineras y acceder a las carreteras del territorio que, afirman, fueron construidas ilegalmente. Fue uno de los varios miembros de la comunidad que, según informaron, fueron agredidos física y verbalmente por los mineros. Este año, la fiscalía local dictó órdenes de detención contra estos miembros de la comunidad después de que la cooperativa minera emprendiera acciones legales contra ellos por sus protestas, algo que Contiocap califica de “arbitrario” y “sin el debido proceso”.
Mary, como el resto de representantes de lugares afectados por la minería, coincide en que su lucha seguirá vigente porque ya no solo se habla de tierra, sino de medios de vida. Mientras reflexiona sobre este sentimiento de explotación, los precios de los alimentos siguen disparándose en toda Bolivia, al tiempo que aumenta el absentismo escolar debido a la escasez de combustible.
“Nosotros estamos preocupados por el día a día: qué vamos a comer, qué le vamos a dar a nuestros hijos, dónde vamos a conseguir agua. Por último, ¿dónde vamos a conseguir algo de gasolina para realizar alguna actividad?”, se pregunta Alipaz.
Fuente: La Región