El punto nueve de la declaración de la Cumbre por la Democracia precisa: «El Ministerio Público se compromete institucionalmente a ejercer la acción penal pública contra quienes pretendan obstaculizar el proceso electoral».
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El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, destacó los acuerdos a los que llegaron los asistentes al IV Encuentro Multipartidario e Interinstitucional por la Democracia que se celebró este jueves en Santa Cruz.
Uno de los puntos que relievó Dávila es el compromiso de la Fiscalía y los partidos para respaldar las investigaciones contra las personas que presentan denuncias sobre fraude sin pruebas. Ahora, pueden ser sancionados.
«Llegamos a la conclusión de que el primer ciudadano que denuncie fraude puede hacerlo, está en su derecho, pero tiene que demostrarlo, y si no lo demuestra, también va a ser procesado por intentar obstaculizar y dañar el proceso electoral», sostuvo.
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En su criterio, «toda denuncia tiene que ser demostrada», un aspecto que fue debatido en la cita y que se incluyó en la declaración al destacar el compromiso de la Fiscalía de investigar a las personas que buscan afectar las elecciones.
El punto nueve del documento precisa: «El Ministerio Público, en el marco de sus atribuciones se compromete institucionalmente a ejercer la acción penal pública contra quienes pretendan obstaculizar el proceso electoral».
Ávila dijo que «cuando se mencionan este tipo de delitos no están dañando a una persona o a la institución, está dañando a la democracia y cualquier tipo de esta denuncia tiene que ser demostrado».
«Todos (los partidos) en unísono apoyaron la propuesta de la persecución penal ante cualquier intento de dañar el proceso electoral», sostuvo.