La presunta manipulación judicial tipificada como prevaricato está siendo investigada por una comisión de fiscales que se conformó tras revelarse el contenido de un audio que contenía una presunta salvaguarda en favor del juez que promovió una acción legal contra la autoridad
Fuente: eldeber.com.bo
Una serie de comunicaciones halladas en un celular secuestrado por las autoridades al juez Fernando Lea Plaza se ha constituido en la primera evidencia de una presunta red de consorcio judicial que pudo operar con el objetivo de inhabilitar a la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por La Paz, Fanny Coaquira Rodríguez.
El propósito de este plan era viabilizar el ascenso de su suplente, el abogado Iván Campero, de acuerdo con los primeros datos que revelaron desde el Ministerio Público antes de que este caso sea declarado en reserva.
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Según los documentos judicializados a los que accedió EL DEBER, al menos cuatro actores clave se mencionan en estos intercambios de información: el juez de Coroico, Fernando Lea Plaza; la vocal de la Sala Penal Cuarta del TSJ de La Paz, Claudia Castro; el ahora expresidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Yván Córdova, y el exministro César Siles.
Las pruebas obtenidas a partir del celular secuestrado fueron clave para reconstruir el modus operandi de esta estructura, que había coordinado el paso a paso una decisión judicial con fines políticos.
El inicio del plan: un fallo redactado por encargo
Las conversaciones por texto, llamadas, audios y fotografías detectadas en el celular del juez Lea Plaza revelan que el plan se puso en marcha entre mayo y junio de 2025. La vocal Claudia Castro fue la encargada de redactar la resolución que suspendería la credencial de Fanny Coaquira. El documento fue enviado por WhatsApp al juez Lea Plaza el 8 de junio para que él lo firmara, según la evidencia que analiza la comisión de fiscales creada para este caso.
Según este reporte, el presidente del TDJ de La Paz, Yván Córdova, participó en la coordinación. Las comunicaciones entre él y la vocal Castro se intensificaron entre el 10 y el 11 de junio, justo antes de que se ejecutara la inhabilitación y depuración.
Reuniones y logística: el seguimiento minucioso
Las interacciones no fueron únicamente virtuales. El 19 de mayo, el juez Lea Plaza pregunta por mensaje de texto a la vocal Castro: “Dra. ¿Dónde será el encuentro?” Ella responde: “Véngase al piso 7 del shopping”, refiriéndose al edificio donde se ubica su oficina. Ese mismo día se inician una serie de encuentros presenciales y contactos constantes.
Además, el equipo del juez se sumó al operativo. Su oficial de diligencias preguntó por WhatsApp cómo y a quién notificarían la resolución en la Sala Plena. “Dra. ¿Dónde vamos a notificar mañana la acción a la sala plena vía WhatsApp por algún celular?”, escribió, según consta en los documentos judicializados.
La conexión con el Ministerio de Justicia
En el celular del juez también se hallaron comunicaciones y registros que vinculan al entonces a César Siles en función de ministro con la operación. Aunque aún no se han revelado todos los detalles de esa interacción, su nombre aparece en el contexto del intercambio de información y planificación del fallo.
El escándalo y sus consecuencias
El 12 de junio, el despacho del juzgado mixto de Coroico fue allanado por agentes anticorrupción de la FELCC y de la Fiscalía. El juez Lea Plaza fue aprehendido y enviado a la cárcel con detención preventiva por el delito de consorcio. La vocal Claudia Castro también fue detenida. Yván Córdova, por su parte, presentó su renuncia al cargo y se encuentra bajo investigación.
La Policía allanó ayer la oficina de la vocal Castro ubicada, precisamente, en instalaciones el Shopping Norte. El sitio está a escasas dos cuadras de la Plaza Murillo de La Paz, el centro del poder político del país, así como de la sede del Tribunal Departamental de Justicia.
En este contexto, el magistrado suplente Yvan Campero fue aprehendido por la fiscalía. Este miércoles deberá ver al juez que definirá su situación legal.
Este caso, detonante de una profunda crisis judicial, pone en evidencia la fragilidad de la independencia del Órgano Judicial y las redes de influencia que operan entre el sistema de justicia y el poder político. Esta conclusión fue parte del análisis de los latos magistrados del Órgano Judicial en un contexto de tensiones políticas y pugnas entre operadores de justicia.