Beni. El jurista cuestionó la vulneración de resoluciones constitucionales, denunció presuntos actos de corrupción en el Ministerio Público y exhortó a diputados y senadores a ejercer control social sobre la actividad minera en Cerro San Simón.
Fuente: https://lapalabradelbeni.com
En el marco de las declaraciones brindadas por la defensa legal de la empresa minera Eagle Crest Ebol, el jurista Alejandro Vargas expresó su indignación ante lo que calificó como un sistemático «manoseo e injerencia» dentro del Órgano Judicial y el Ministerio Público, los cuales estarían impidiendo la ejecución de fallos constitucionales a favor de la restitución de la planta minera en Cerro San Simón.
Vargas lamentó que los procesos legales en la región se vean afectados por presuntos cobros e influencias de personas particulares. Señaló que mientras la defensa técnica debe desplazarse durante horas por vía terrestre para cumplir las diligencias, las decisiones que frenan las ordenes judiciales de desprecintado se emiten de manera acelerada, vulnerando la jerarquía normativa de la Constitución Política del Estado.
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Llamado a las autoridades nacionales y al control parlamentario El profesional enfatizó que la paralización de la planta no solo afecta a una empresa privada, sino que resta ingresos económicos indispensables para los sectores de salud, educación e infraestructura vial del departamento del Beni.
Ante esta situación, Vargas hizo un llamado directo al Presidente del Estado, Rodrigo Paz Pereira, para erradicar la corrupción en las dependencias públicas. Asimismo, instó a los parlamentarios benianos —mencionando explícitamente al diputado Erick Soruco— a no permanecer indiferentes, asumir su rol de fiscalización y salir en defensa de la legalidad y los recursos naturales del departamento.
DENUNCIAN INGERENCIA Y BURLA A FALLO JUDICIAL EN CASO SAN SIMÓN
El jurista cuestionó un decreto fiscal emitido en fin de semana para frenar el desprecintado ordenado por un juez constitucional, afectando a más de 60 familias de trabajadores y privando al departamento de ingresos mineros.
Aramayo explicó que, pese a existir la Resolución Constitucional N° 09/2026 dictada el pasado 18 de septiembre —la cual dispone la restitución inmediata y el desprecintado de las instalaciones a favor de Ebol—, la fiscal de materia Nisa Alejandra Loredo Suárez emitió un decreto la noche de un sábado a las 20:22 horas para frenar el procedimiento e instruir la entrega del yacimiento a un tercero.
Casi un año y medio de despojo e inseguridad jurídica El abogado recordó que la empresa fue despojada de sus predios en marzo de 2025, atravesando un periodo de explotación ilegal y paralización operativa. Cuestionó la falta de garantías para la inversión privada en el país y advirtió que la inoperatividad de la planta afecta de manera directa a más de 60 familias y priva al departamento del Beni y a las comunidades locales de percibir cuantiosas regalías mineras.
Ante esta situación, el jurista solicitó la intervención inmediata de la Fiscal Departamental del Beni y exhortó a la Asamblea Legislativa Departamental, al Gobernador y al Presidente del Estado, Rodrigo Paz Pereira, a tomar cartas en el asunto para frenar la injerencia de altos funcionarios gubernamentales, garantizar la seguridad jurídica y defender los recursos naturales de la región.
