En el documento argumenta que la propuesta, con una vigencia de seis meses a partir de su publicación, busca evitar que las consecuencias de los conflictos sociales, fenómenos climáticos adversos y la crisis económica continúen afectando a sectores vulnerables que hoy enfrentan dificultades para cumplir sus obligaciones financieras.
eju.tv
Lidia Mamani / La Paz
Con el fin de proteger a miles de familias y preservar a las empresa pequeñas del país, el presidente Luis Arce remitió un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) que establece la suspensión temporal de embargos y ejecución de sentencias judiciales. Asimismo, propone el diferimiento automático del pago de créditos, en favor de los prestatarios de vivienda de interés social y de las unidades económicas como son las micro y pequeña empresas (MyPes).
«Con el propósito de proteger y defender los derechos fundamentales de los prestatarios de créditos de vivienda de interés social y de las unidades económicas de tamaño micro y pequeña, la presente Ley tiene por objeto establecer de manera excepcional la suspensión temporal de embargos y ejecución de sentencias de procesos judiciales por créditos de vivienda de interés social y el diferimiento de créditos otorgados para vivienda de interés social y créditos a las unidades económicas de tamaño micro y pequeña», señala el artículo 1 de la propuesta de ley, remitida el 6 de junio pasado.
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En el documento argumenta que la propuesta, con una vigencia de seis meses a partir de su publicación, busca evitar que las consecuencias de los conflictos sociales, fenómenos climáticos adversos y la crisis económica continúen afectando a sectores vulnerables que hoy enfrentan dificultades para cumplir sus obligaciones financieras.
Asimismo, establece que la iniciativa legal establece que durante ese periodo quedarán suspendidos los embargos, remates, desapoderamientos y otras medidas judiciales que recaigan sobre viviendas de interés social y bienes de garantía otorgados por los microempresarios. También, se dispone que las entidades financieras y de arrendamiento difieran automáticamente las cuotas, incluyendo capital, intereses, seguros y otros cargos.
La justificación
Justifica que entre los beneficios están: preservar la capacidad productiva de miles de familias y pequeños negocios, especialmente en sectores fuertemente golpeados por las crisis recientes; evitar la sobrecarga de los tribunales, que actualmente enfrentan un colapso por la cantidad de procesos judiciales, y reducir tensiones sociales y contribuir activamente a la paz social, al evitar despojos o medidas judiciales contra sectores vulnerables.
Según el Gobierno, el proyecto responde a solicitudes de diversos sectores que vienen demandado pausas en el pago de créditos y periodos de gracia ante la imposibilidad de cumplir con sus obligaciones. De aprobarse, la ley garantizaría protección legal y alivio financiero a prestatarios de vivienda social y pequeños productores, sin modificar condiciones contractuales: no se permitirán aumentos de interés o penalidades por mora.
Tambié precisa que los prestatarios que quieran continuar con el pago de sus cuotas, lo puedan hacer, sin imponer sanciones a quienes no pueden hacerlo.
Esta propuesta busca dar una respuesta inmediata, humana y estructural a una crisis que afecta a las familias trabajadoras y emprendedoras del país, apostando por la reactivación económica, la estabilidad social y el respeto al derecho a la vivienda y al trabajo.
La anterior semana, la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) advirtió que imponer un nuevo diferimiento obligatorio en el pago de créditos bancarios a los prestamistas, puede comprometer la estabilidad del sistema financiero nacional, tras las propuestas que surgieron desde diferentes sectores ante la crisis económica que se registra en el país por la falta del dólar, que encarece los productos en general y desincentiva el consumo y la demanda en el mercado interno.
A continuación el contenido de la propuesta de normativa: