En ese sentido detalló, que el magistrado Campero cumple arresto domiciliario bajo custodia policial, mientras que Uriarte fue beneficiado con arresto domiciliario con permiso para salida laboral. La Fiscalía considera que estas medidas son insuficientes.
eju.tv / Video: DTV
El fiscal General del Estado, Roger Mariaca, informó este viernes que el Ministerio Público presentó una apelación contra la decisión judicial que otorgó medidas sustitutivas al magistrado suplente Iván Campero y al abogado José Uriarte, en el marco del denominado caso consorcio, que investiga la conformación de redes ilícitas entre operadores de justicia.
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“Si bien respetamos la decisión de la autoridad jurisdiccional, hemos recurrido a la apelación con la finalidad de que una sala penal reconsidere el beneficio otorgado a ambos imputados”, declaró Mariaca.
En ese sentido detalló, que el magistrado Campero cumple arresto domiciliario bajo custodia policial, mientras que Uriarte fue beneficiado con arresto domiciliario con permiso para salida laboral. La Fiscalía considera que estas medidas son insuficientes y no garantizan el normal desarrollo de la investigación.
El caso consorcio derivó en otras detenciones preventivas. El juez de Coroico, Fernando Marcelo Lea Plaza, guarda detención por 180 días y la vocal del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Claudia Castro, se dispuso su encierro por 120 días, aunque esta última actualmente se encuentra internada en una clínica por razones de salud, antes de ser trasladada al penal de Obrajes.
Por otro lado, Mariaca confirmó que se ejecutó la orden de aprehensión contra el expresidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Yvan Córdova. Su declaración informativa será tomada en las próximas horas por la comisión de fiscales a cargo del caso.
“El Ministerio Público investiga a todas las personas que presuntamente habrían participado en esta red ilegal de operadores de justicia. Ya se cuenta con varios aprehendidos, algunos con detención preventiva y otros con medidas sustitutivas”, concluyó el fiscal general.