Los gobiernos departamentales dispondrán de Bs 5.235 millones para el 2025, un 5% menos que el año anterior, según el informe de la Fundación Jubileo.
Fuente: ANF
Este monto, aunque reducido, refleja la continuidad de una tendencia a la baja en los recursos disponibles, agravada por la inflación y la disminución de ingresos por hidrocarburos.
Casi dos tercios de los ingresos departamentales provienen de regalías por hidrocarburos y minerales, lo que evidencia una fuerte dependencia de estos sectores. Además, los gobiernos reciben recursos del Fondo Compensatorio Departamental, coparticipación tributaria del Impuesto Especial a los Hidrocarburos (IEHD), y el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), entre otros.
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La Ley Marco de Autonomías establece que al menos el 75% de los recursos principales deben destinarse a inversión pública, mientras que solo el 15% puede usarse para gastos de funcionamiento. Este marco busca garantizar que los fondos se orienten a proyectos que generen desarrollo económico y social.
La inversión pública se concentra en la creación, ampliación o mejora de infraestructura y capital humano. Para 2025, el 42% del presupuesto se asignará a caminos, seguido del 19% para infraestructura urbana y rural. Otros sectores prioritarios son educación (7%), fortalecimiento institucional (6%) y agropecuario (5%).
Las gobernaciones tienen competencias clave en áreas como transporte, salud, educación y desarrollo productivo. Entre sus responsabilidades destacan la construcción y mantenimiento de carreteras, aeropuertos, sistemas de electrificación rural y proyectos de riego, así como la promoción del turismo y la cultura.
En salud, los gobiernos departamentales deben proporcionar infraestructura sanitaria, equipos y medicamentos para el tercer nivel de atención. También cofinancian programas epidemiológicos y de prevención de enfermedades, en coordinación con otros niveles de gobierno.
En educación, las gobernaciones están encargadas de dotar de infraestructura, mobiliario y equipamiento a institutos técnicos y tecnológicos. Asimismo, promueven la conservación del patrimonio cultural y generan espacios para actividades artísticas.
En el ámbito rural, los departamentos ejecutan políticas de desarrollo agropecuario, manejo de recursos naturales y proyectos de riego. También fomentan la industrialización de la producción agrícola y ganadera, con énfasis en la agregación de valor.
La seguridad ciudadana es otra área crítica, con al menos el 10% de los recursos del IDH destinados a políticas públicas en este ámbito, incluyendo la infraestructura carcelaria.
Pese a estos esfuerzos, el presupuesto 2025 refleja desafíos estructurales, como la disminución de ingresos y la necesidad de optimizar recursos. La Fundación Jubileo destaca la importancia de priorizar inversiones que generen retornos económicos y sociales a largo plazo.
El informe también resalta la responsabilidad ciudadana en vigilar el uso de los recursos públicos, ya que su asignación impacta directamente en la calidad de vida de la población.
Con 425 proyectos de inversión programados para 2025, las gobernaciones buscan impulsar el desarrollo en sus regiones, aunque la reducción presupuestaria y la dependencia de recursos no renovables plantean un escenario complejo para los próximos años.
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