La ministra indicó que el Ministerio de Justicia analizará los fundamentos del fallo antes de emitir una posición institucional. «Queremos ver cuáles son los fundamentos, revisarlos con detenimiento y, con ello, por supuesto, nos pronunciaremos».
eju.tv / Video: BTV
La ministra de Justicia, Jessica Saravia, afirmó este jueves que el reciente fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que anuló el proceso ordinario contra el exprefecto de Pando, Leopoldo Fernández, no sienta jurisprudencia para los casos de Luis Fernando Camacho ni de Jeanine Áñez.
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«La autoridad judicial ha determinado un fallo respecto a un caso específico, pero cada proceso tiene sus particularidades y debe analizarse de manera individual», aclaró Saravia, en respuesta a las especulaciones generadas tras la anulación del proceso por el denominado «masacre de Porvenir».
La ministra indicó que el Ministerio de Justicia analizará los fundamentos del fallo antes de emitir una posición institucional. «Queremos ver cuáles son los fundamentos, revisarlos con detenimiento y, con ello, por supuesto, nos pronunciaremos. Toda sentencia debe estar debidamente fundamentada en la Constitución, en la ley y en los tratados internacionales», remarcó.
Antecedentes del caso
El pasado martes, el presidente de la Sala Penal del TSJ, Carlos Ortega, informó que se declaró nulo el proceso ordinario contra Fernández por el delito de homicidio relacionado con la masacre ocurrida en septiembre de 2008 en la localidad de Porvenir, Pando, donde murieron 15 personas tras un enfrentamiento entre campesinos y funcionarios de la entonces prefectura.
La decisión se basa en que el ex prefecto fue juzgado por la vía ordinaria, sin considerar su fuero especial como exautoridad departamental. En ese marco, el TSJ ordenó que los antecedentes del caso sean enviados a la Fiscalía General del Estado, a cargo de Roger Mariaca, para iniciar un juicio de responsabilidades.
Leopoldo Fernández fue condenado en 2017 a 15 años de prisión junto a otras 13 personas. Con este fallo, el proceso queda anulado y deberá reiniciarse en el marco legal correspondiente.