La expareja en su declaración ampliatoria asegura que desde hace un año es víctima de malos tratos y recibe amenazas, de su agresor. Asegura que tiene dinero y poder político. El denunciado se declara víctima y responde con otra denuncia.
Fuente: eldeber.com.bo
El exministro de Medio Ambiente y Agua Humberto Alan Lisperguer enfrenta nuevas denuncias por presunta violencia física y psicológica contra su expareja. La joven, quien ya había iniciado acciones legales, amplió su declaración ante la Fiscalía y la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) donde se declaró víctima de agresiones sistemáticas, amenazas y presiones tras haber formalizado la denuncia.
Lisperguer fue aprehendido brevemente tras un incidente, pero obtuvo medidas sustitutivas dictadas por la justicia: fianza de Bs 2.000 y la obligación de firmar el libro en la Fiscalía una vez al mes. Sin embargo, el caso tomó un nuevo giro cuando el exministro acudió a la “Casa del Hombre” a presentar una contradenuncia en la que se identificó como víctima de una agresión por parte de la denunciante. La entidad admitió la denuncia y el exfuncionario inició acciones legales con respaldo de un equipo de abogados.
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Relación y poder
La exautoridad fue imputada por la fiscal de género Jessica Echeverría que lo presentó ante la juez anticorrupción Patricia Murillo y pidió su detención en la cárcel de Palmasola por considerar que las pruebas aportadas de la autoría son fehacientes. La defensa del denunciado aseguró que no cometió delito y en plena audiencia uno de los abogados entregó y leyó una carta firmada por la víctima que decía que ya no quería seguir con la acción.
Los hechos más recientes ocurrieron el sábado 2 de agosto en un local de un centro comercial de Santa Cruz, donde la joven denunció haber sido agredida física y verbalmente por el exministro, supuestamente en estado de ebriedad. Ambos se encontraban junto al hermano del exministro, quien es policía y —según el relato— se movilizaba en un vehículo oficial mientras consumía bebidas.
Medidas sustitutivas
Según la versión de la denunciante, tras el incidente, el exministro intentó trasladarla a una comisaría con el fin de denunciarla por agresión, pero los oficiales que los recibieron decidieron derivar el caso a la Felcv, donde se priorizó la declaración de la mujer.
En ese marco, la Fiscalía imputó a Lisperguer por violencia y pidió su detención preventiva. La fiscal de género Jessica Echeverría sostuvo que existían “elementos fehacientes” que apuntaban a la autoría del exministro. No obstante, durante la audiencia, la defensa presentó una carta firmada por la denunciante en la que desistía del proceso. La jueza anticorrupción Patricia Murillo resolvió concederle medidas sustitutivas.
Tras la audiencia, la fiscal Echeverría anunció una apelación. Si bien dijo respetar la decisión judicial, expresó su disconformidad por considerar que el caso contaba con suficientes pruebas. “Existen todos los elementos que conducen a la autoría”, sostuvo la autoridad del Ministerio Público
La presión no cesa
En una declaración ampliatoria, la denunciante —cuya identidad se mantiene en reserva por razones de seguridad— relató que conoció a Lisperguer en el ámbito profesional, cuando ambos coincidieron en funciones relacionadas con el Estado. Asegura que la relación se deterioró progresivamente por situaciones de maltrato, celos y episodios de violencia ligados al consumo de bebidas alcohólicas.
También declaró que fue víctima de agresiones previas, ocurridas incluso en presencia de la familia del denunciado. En uno de los pasajes más duros de su testimonio, relató que, tras una agresión en Cochabamba, retornó a Tarija sin presentar denuncia por miedo a represalias. “Después de mi denuncia en Santa Cruz, recibí amenazas. Por eso desistí con una carta. Me siento sola, temo perder mi trabajo y temo por mi seguridad”, dijo ante las autoridades.
Aseguró, además, que pese a contar con medidas de protección, no se siente con garantías. “Él tiene influencia política y recursos. Intenta presentarse como víctima, pero yo viví maltrato constante. Esta vez no quiero callar”, expresó.
La defensa de la víctima fue asumida por la abogada Lety Tordoya, de Mujeres Creando, quien advirtió que el caso evidencia una estructura de impunidad alimentada por el poder político y económico. “Estamos ante una joven trabajadora del Estado que se encuentra aislada y en riesgo. No vamos a permitir que este caso quede impune”, declaró.
Proceso por enriquecimiento
Este no es el único proceso abierto contra Lisperguer. En febrero de este año, fue destituido por el presidente Luis Arce y enfrentó una imputación de la Fiscalía de La Paz por enriquecimiento ilícito y falsedad en declaración jurada de bienes y rentas.
El fiscal departamental Luis Carlos Torrez indicó en su momento que existían indicios de un crecimiento patrimonial no justificado respecto a sus ingresos como servidor público. La investigación reveló presuntos depósitos millonarios no declarados y omisiones en su declaración jurada.
En ese caso, el exministro también obtuvo medidas sustitutivas y se defiende en libertad, mientras continúa el proceso penal.
Perspectiva de género
El caso de violencia denunciado por la ex pareja ha generado preocupación en organizaciones defensoras de derechos de las mujeres, debido al tratamiento judicial y las presuntas presiones ejercidas sobre la víctima. La abogada Tordoya insistió en que se garantice una investigación imparcial y con perspectiva de género. “La justicia debe proteger a las víctimas, no exponerlas ni someterlas a nuevas formas de violencia institucional”.
A medida que avanza el proceso, la atención se concentra no solo en los tribunales, sino también en la respuesta que ofrezcan las instituciones ante denuncias que involucran a exautoridades con historial de poder e influencia.