Sin embargo, tres días antes, la Gobernación había descartado cualquier hecho de violencia tras una inspección conjunta con la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. El acta firmada el 1 de agosto concluyó que los 12 menores “se sienten bien y tienen apego hacia las educadoras”. “Aquí somos una familia unida”, defendió entonces la administradora, Rosario Quinta Choque y aseguró que se cumplía con la Ley 548.
El llanto de tres niños en el Hogar José Soria destapó una historia de maltrato que, hasta la semana pasada, permanecía oculta tras los muros del centro de acogida. La Defensoría Municipal de la Niñez y Adolescencia de La Paz presentó una denuncia contra una educadora, acusada de agredir a menores con TDAH y autismo, luego que se confirmará que las víctimas eran bañadas con agua fría como castigo.
“La demanda fue realizada ante el Juzgado de la Niñez y Adolescencia por infracción de violencia”, confirmó hoy (12) la directora de Atención Social Integral, Rita Paredes. La funcionaria detalló que el caso está en etapa de consecución y se espera la notificación a la acusada para que declare. Además, el Ministerio Público abrió de oficio una denuncia penal paralela contra la misma persona.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
La investigación comenzó tras la valoración psicológica a 12 niños del hogar, que permitió identificar a tres víctimas de ocho, 10 y 12 años. Los informes médicos descartaron lesiones visibles, pero confirmaron el diagnóstico de TDAH y autismo en algunos de ellos. “Hemos remitido toda la información médica y psicológica y estamos a la espera de que el juez empiece a convocar a testigos”, explicó Paredes.
El 4 de agosto, el Ministerio Público y la Policía intervinieron el Hogar José Soria, dependiente de la Gobernación de La Paz, tras denuncias difundidas en redes sociales. El fiscal departamental, Luis Torres, informó que ya se identificaron a las víctimas y que el proceso penal está en marcha. Personal del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) realizó exámenes para establecer si existían lesiones o secuelas de maltrato.
Sin embargo, tres días antes, la Gobernación había descartado cualquier hecho de violencia tras una inspección conjunta con la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. El acta firmada el 1 de agosto concluyó que los 12 menores “se sienten bien y tienen apego hacia las educadoras”. “Aquí somos una familia unida”, defendió entonces la administradora, Rosario Quinta Choque y aseguró que se cumplía con la Ley 548.
La contradicción entre ambos reportes oficiales abrió dudas sobre posibles omisiones institucionales. Mientras la Gobernación sostiene que no hubo maltrato, la Defensoría Municipal insiste en que los testimonios de los niños y las valoraciones técnicas evidencian lo contrario.
El caso salió a la luz gracias a una transeúnte que, al pasar por el hogar, escuchó el llanto de los menores y lo denunció al canal RTP. Esa alerta provocó una intervención inmediata de cuatro psicólogos y médicos, quienes confirmaron la agresión y recomendaron medidas urgentes.
La educadora acusada fue apartada de sus funciones, pero el proceso judicial apenas comienza. Entre denuncias cruzadas y peritajes pendientes, el caso del Hogar José Soria se convierte en un nuevo llamado de atención sobre la protección real que reciben los niños en centros administrados por el Estado.