Las expectativas de cambio del gobierno han impulsado el desempeño de los bonos soberanos de Bolivia, pero persisten las fragilidades macroeconómicas.
La percepción favorable que muestran los mercados hacia los bonos soberanos de Bolivia contrasta, de forma marcada, con los fundamentos económicos y políticos que enfrenta el país. Tanto que el economista del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF), Jonathan Fortun, califica como un espejismo el optimismo que refleja la deuda boliviana.
A pocos días de las elecciones presidenciales, las encuestas apuntan a un cambio en la tendencia política del Gobierno, y los inversionistas parecen anticipar que ese giro vendrá acompañado de un ajuste fiscal creíble. Sin embargo, el diagnóstico macroeconómico lanza advertencias.
Fortun recuerda que Bolivia viene con el “tiempo prestado”, pues se sostiene sobre “una economía dependiente del Estado construida sobre una base menguante de hidrocarburos, un déficit fiscal en expansión y un sector público hinchado muy por encima de su capacidad para sostenerse a sí mismo”.
Entre los problemas estructurales identifica “subsidios como moneda política, empresas públicas que pierden dinero y un sistema tributario demasiado estrecho y regresivo para pagar las ambiciones del Estado”.
Un optimismo con pies de barro
Pese a estos desafíos, en el frente financiero, los bonos bolivianos han visto caer sus rendimientos en las últimas semanas, alentados por la expectativa de un cambio de rumbo.
El bono soberano de Bolivia con vencimiento en marzo de 2028 ha registrado una marcada recuperación en los últimos seis meses, con el rendimiento al vencimiento cayendo desde niveles cercanos al 23% en febrero hasta el entorno del 15,4% en agosto, su mínimo más reciente.
Pero Fortun considera que “lo que el mercado ve hoy es la superficie: un cambio de color político y la promesa de reforma. Lo que no está valorando es la resaca: la fragilidad política, el shock de desempleo, la falta de capacidad institucional para ejecutar un ajuste rápido y las estructuras sociales preparadas para una movilización masiva”.
Débora Reyna, economista para América Latina de Oxfords Economics, considera que la recuperación de los bonos refleja el optimismo ante un posible cambio en el estilo de gobierno.
La analista recuerda que, por primera vez en 20 años, la izquierda no tendría una victoria asegurada, y los dos candidatos líderes muestran una postura pro-mercado, con apertura hacia organismos multilaterales y disposición a abordar los problemas macroeconómicos.
Esto, dice, Bolivia no lo ha tenido y lo necesita. “Sin embargo, los riesgos fiscales persisten”, agrega.
Luis Fernando Romero, investigador económico en Bolivia, también cree que este repunte no solo responde a la proximidad de las elecciones y la expectativa de un cambio de gobierno, sino a la posibilidad de un giro en el modelo económico que contemple una devaluación, una revisión total o parcial de la subvención a los carburantes “y los reajustes fiscales, procurando bajar el nivel de déficit público”.
Sin embargo, coincide en que “los bonos no están reflejando los riesgos fiscales” y que estos precios, los más altos en dos años, “esconden claramente una economía boliviana puramente golpeada” con una deuda pública cercana al 90% del PIB y un saldo comercial negativo superior a US$500 millones solo en el primer semestre de 2025.
Por ello, Fortun dice que un déficit que llega a 16% del PIB no se cierra “con medidas cosméticas” o ajustes fiscales marginales. Para ello, se requieren “medidas que golpearán el empleo, los subsidios y los servicios públicos a una escala que generará resistencia política inmediata”.
El analista recuerda que la historia muestra que “los mercados tienen una larga trayectoria de confundir el cambio político con el cambio estructural”.
Fortun señala que el mercado está actuando “como si la voluntad política por sí sola pudiera superar estas dinámicas, lo que es una suposición peligrosa dado que los probables ganadores de esta elección gobernarán sin una mayoría legislativa o un control territorial sólido”.
Romero insistió en que “el riesgo fiscal está más latente que nunca” y que el margen del Gobierno para un ajuste fiscal “es reducido”. A su juicio, “la economía ya está desestabilizada” y presenta “un margen amplio de diferencia entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio paralelo, que es casi el doble al oficial”, lo que ha afectado el comercio exterior, la inversión, la producción y el empleo.
Por ello, considera que las medidas de ajuste, como “la reducción o eliminación de subsidios a carburantes, un ajuste fiscal o medidas de shock”, podrían “desequilibrar más la economía boliviana”.
Programas de ajuste: tres caminos
En este momento, la elección se define entre tres candidatos principales, cada uno con un plan para enfrentar el ajuste.
Jorge “Tuto” Quiroga, de 65 años, del partido Alianza Libre (Libertad y República), plantea una consolidación inicial de 8% del PIB en dos años, basada en recortes de subsidios, liquidación de empresas estatales inviables y un rápido acercamiento a multilaterales y mercados de capital.
“Su lógica es que la velocidad compra credibilidad, y la credibilidad desbloquea financiamiento”, dice Fortun. Pero advierte que un calendario tan agresivo como el que propone Quiroga “detone disturbios sociales antes de que cualquier recuperación del crecimiento se afiance”.
Samuel Doria Medina, de 66 años y del partido Unidad Nacional, propone un enfoque gradual, con recortes selectivos de subsidios, incrementos modestos de impuestos y privatizaciones parciales para reducir el déficit en 4% del PIB por año.
El riesgo, subraya Fortun, es que “el optimismo es más aspiración que pronóstico” porque el plan “deja un enorme déficit de financiación en los primeros años” y depende de un repunte de la inversión privada en un contexto con problemas de divisas y derrumbe de ingresos por hidrocarburos.
Manfred Reyes Villa, de 70 años, del partido Autonomía Para Bolivia-Súmate, adopta la postura más conservadora, prometiendo “recortar el despilfarro” y “proteger subsidios estratégicos”.
En la práctica, apunta Fortun, esto significa “dejar intactos los mayores drenajes del presupuesto, lo que matemáticamente hace imposible cerrar una brecha del 16% sin aumentos masivos de impuestos o un endeudamiento sin precedentes”. Concluye que es “un plan de confort político, no un rescate fiscal”.
Lecciones de ajustes
El panorama en Bolivia se ha deteriorado: además del déficit consolidado que se mantiene en cerca del 16% del PIB, tiene reservas internacionales líquidas que equivalen a menos de dos meses de importaciones si se excluye el oro, y el motor fiscal de los hidrocarburos se encuentra en declive por la caída en volúmenes, inversión y disponibilidad de divisas.
Fortun advierte que, en casi todos los casos históricos con ajustes, “las tasas de desempleo se dispararon entre 5 y 10 puntos porcentuales en los primeros dos años, a veces más, y en la mayoría de los episodios la base de empleo tardó media década en recuperarse, si es que lo hizo”.
En Bolivia, sostiene, ese efecto sería más pronunciado y rápido que en la mayoría de los casos pasados por la alta dependencia del empleo formal del gasto estatal.
“La economía formal no sólo está influenciada por el Estado, está anclada a él”, explica. “Un recorte del 10% en el gasto del gobierno central en Bolivia repercutiría en la economía como una onda expansiva, provocando múltiples oleadas de despidos tanto en el sector público como en el privado”.
Romero recomienda que “se deben combinar políticas económicas entre fiscales y monetarias” para obtener financiamiento externo de forma gradual, renegociar deuda y reorganizar las finanzas públicas, evitando “un costo social elevado en desempleo y pobreza”.
También señala que, si bien algunos candidatos proponen reducir el déficit fiscal del 10,2% del PIB a niveles del 4% o 5%, “va a ser difícil, complicado, no digo imposible, pero lo primero que se tiene que hacer es estabilizar la economía”.
Esto, dijo, permitiría reactivar la producción, estabilizar precios y afrontar problemas como “escasez de carburantes, una oferta monetaria excesiva, especulación y contrabando”.
Reyna dice que, en las condiciones actuales, “un ajuste sin atravesar al menos una recesión profunda parece poco probable”, pues se necesita recortar al menos 5% del PIB, lo que tendrá un costo social.
“Lo crucial será la forma de implementarlo: idealmente con financiamiento internacional y supervisión del FMI para atraer capital extranjero, de manera gradual pero no excesivamente lenta, de modo que los beneficios sean visibles en un plazo de 1 a 2 años”, asegura.
En este contexto, para Fortun, el reto para el próximo gobierno no es sólo económico sino político: “En cuanto el desempleo se dispara, el ya frágil equilibrio social de Bolivia comienza a desmoronarse”. La capacidad de protesta, recuerda, “está entre las más altas de América Latina” y con frecuencia se traduce en bloqueos, huelgas y movilizaciones nacionales coordinadas.
La analista de Oxford Economics sostiene en que “la sociedad boliviana ha vivido durante años bajo un modelo de financiamiento estatal que ya no es sostenible debido al alto costo de los subsidios y el declive de la industria del gas”.
Para Reyna, el ajuste podría agotar rápidamente el capital político del nuevo gobierno “e incluso abrir la puerta a su destitución por el Congreso si el malestar social se intensifica”.
Fortun dice que el próximo gobierno se tendrá que mover en un terreno donde “el ajuste es la mecha, y sin blindaje político suficiente, la explosión es cuestión de tiempo”. Por ello, la economista de Oxford Economics considera que el mensaje y la implementación del ajuste deben manejarse con cautela, aunque el cambio sea inevitable.