El caso Botrading estalló en 2023 cuando medios revelaron sobreprecios en compras de combustible, pero la demora en el tratamiento legislativo alimenta sospechas de encubrimiento. La bancada opositora asegura que las pruebas son contundentes y que solo falta voluntad política para judicializar el que sería uno de los mayores desfalcos al Estado en la última década.
El jefe de bancada de Comunidad Ciudadana, Enrique Urquidi, advirtió hoy (20) que si la Cámara de Diputados no agenda el informe de la Comisión Especial que investigó el caso Botrading, que revela un presunto desfalco de más de $us 300 millones al Estado, se confirmará la existencia de una «estrategia de encubrimiento» para proteger a funcionarios del gobierno de Luis Arce y altos mandos de YPFB involucrados en irregularidades en la compra venta de combustibles.
«Hemos venido exigiendo desde hace bastante tiempo, en realidad desde fines de mayo que se entregó el informe, que de una vez se agende este tema porque lo contrario va a confirmar las sospechas que hemos manifestado, que aquí existe una estrategia de encubrimiento a los funcionarios, al gobierno de Arce y a todos quienes han estado involucrados en estas evidentes irregularidades. Estamos hablando de más de 300 millones de dólares fácilmente”, declaró Urquidi ante los medios.
El legislador enfatizó que el informe, elaborado tras 60 días de investigación, contiene «documentación oficial de Yacimientos» que respalda las irregularidades identificadas. Urquidi exigió que el pleno de Diputados apruebe el documento para que la Contraloría General y el Ministerio Público inicien investigaciones formales contra los funcionarios públicos involucrados «directa o indirectamente».
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Días atrás, el diputado Carlos Alarcón (CC), miembro de la comisión, había denunciado que YPFB utilizó a su subsidiaria Botrading para una «reventa ficticia» de combustibles, ocultando sobreprecios y posible lavado de dinero. Alarcón reveló que en 2023, el entonces ministro de Hidrocarburos y el presidente de YPFB, Armin Dorgathen, negaron por escrito cualquier vínculo con Botrading, pero meses después la estatal petrolera emitió un comunicado admitiendo lo contrario.
Urquidi concluyó exigiendo una investigación fiscal «objetiva y no de camuflaje.: «Somos los primeros interesados en que la Fiscalía realice una investigación seria, no direccionada o sesgada. Nosotros, como asambleístas, vamos a ayudar para que las investigaciones prosperen», agregó el legislador.
El caso Botrading estalló en 2023 cuando medios revelaron sobreprecios en compras de combustible, pero la demora en el tratamiento legislativo alimenta sospechas de encubrimiento. La bancada opositora asegura que las pruebas son contundentes y que solo falta voluntad política para judicializar el que sería uno de los mayores desfalcos al Estado en la última década.