Asimismo, La Torre identificó al dirigente campesino Osman Padilla, segundo de la Confederación Única de Trabajadores Campesinos en su regional Guarayos, como el presunto cabecilla que protege a las comunidades avasalladas. El jurista señaló la contradicción de que Padilla, quien «viene de una comunidad legalmente asentada» y conoce los procedimientos legales para acceder a la tierra, permita que comunidades ilegales se establezcan en predios privados, fiscales e incautados.
Después de realizar ayer un operativo de desalojo de avasalladores, un contingente de efectivos policiales se mantiene desplegado en la propiedad de Río Negro, en el municipio de Ascensión de Guarayos. La intervención, que acompaña el abogado representante de los legítimos propietarios, Álvaro La Torre, marca un cambio estratégico al establecer una presencia prolongada en esta zona considerado de alto conflicto, con el objetivo de desarticular las redes criminales detrás de los avasallamientos.
«A diferencia de otras ocasiones, se están quedando en la zona de Guarayos, que es una de las más sensibles en este momento. Se están quedando varios grupos de inteligencia a tomar nota de los cabecillas. Tenemos entendido que se van a quedar por un periodo largo de por lo menos 15 días a un mes. O sea, (…) no va a ser muy difícil de establecer (dónde) está la organización criminal», afirmó el jurista.
El operativo, que está bajo el mando del subcomandante departamental, Jorge Silva, se desarrolló sin incidentes según los reportes oficiales. La Torre complementó que «ya se verificó las salidas y accesos a los predios sin comprometer la seguridad en la zona», mientras que el trabajo de inteligencia previo, que incluyó sobrevuelos en helicóptero, permitió que la mayoría de los avasalladores abandonaran el lugar antes de la llegada del contingente policial. El abogado confirmó que se procederá con órdenes de búsqueda y captura contra los responsables.
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Asimismo, La Torre identificó al dirigente campesino Osman Padilla, segundo de la Confederación Única de Trabajadores Campesinos en su regional Guarayos, como el presunto cabecilla que protege a las comunidades avasalladas. El jurista señaló la contradicción de que Padilla, quien «viene de una comunidad legalmente asentada» y conoce los procedimientos legales para acceder a la tierra, permita que comunidades ilegales se establezcan en predios privados, fiscales e incautados.
La denuncia se amplía al acusar a Padilla de recibir pagos de estas comunidades ilegales y que así encubre lo que el abogado calificó como un «tráfico de tierra». Esta permanencia policial extendida, confirmada también por el viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, representa un esfuerzo sin precedentes por cortar de raíz el problema de avasallamientos en una región donde la tensión por la tierra ha sido constante.