El contrato de alquiler con la familia El Hage dejó de tener vigencia desde 1987. Las FFAA y la Comibol aún están en proceso de transferencia de la propiedad bajo comodato.
Empresa Suderúrgica del Mutún (foto Abi)
La Prensa
El Ministerio de Defensa aseguró que las Fuerzas Armadas (FFAA) lograron el título de propiedad de 171.000 hectáreas de tierras del Mutún, en Puerto Suárez, al acreditar que estuvieron asentadas en el lugar durante varios años y que cumplieron la función económica social (FES).
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El director general de Asuntos Jurídicos, Roberto Freire; el jefe de la Unidad de Gestión Jurídica, Enrique Salinas, y el director general de Bienes, Patrimonio e Infraestructura, coronel Mario Antezana, del Ministerio de Defensa, explicaron a La Prensa que desde 1917 las tierras del área Mutún fueron ocupadas por el Regimiento de Caballería Castrillo, dato que corroborarán con documentos de archivo.
El martes 20 de este mes, La Prensa hizo pública la información sobre el derecho propietario existente de ocho hermanos de la familia El Hage, quienes tienen un título de propiedad del 20 de noviembre de 1922.
Además de la existencia de un formulario de Derechos Reales de Santa Cruz del 21 de agosto que certifica que el inmueble registrado con la matrícula Nº 7050000000569, bajo el nombre de Mutún y Aurora Mutún, pertenece a esta familia.
Ambos predios tienen una extensión de 3.500 hectáreas ubicadas en la localidad de Puerto Suárez, provincia Germán Busch, en el departamento de Santa Cruz.
Aproximadamente 2.500 hectáreas están sobrepuestas a la concesión para el proyecto Mutún, de explotación de hierro, que la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) debe entregar a la empresa Jindal Steel & Power para que inicie la ejecución del contrato de riesgo compartido suscrito en 2007.
El 28 de enero de 2009, el INRA entregó el título de derecho propietario después del saneamiento, en el que sólo acreditaron la “posesión de la tierra”, sin ningún otro documento.
Salinas justificó que antes de este título, las FFAA no verificaron el derecho propietario porque éste se otorgaba por decreto supremo y no se emitía documento de propiedad.
La figura de posesión legal está respaldada por la Ley Nº 3545 de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria y su Reglamento, en el artículo 309.
Ésta se refiere a aquellas propiedades que con anterioridad a la Ley 1715 de Reforma Agraria, de 1996, cumplieron una función social o una función económica social (FES).
Este requisito lo verifica el INRA en el proceso de saneamiento en la etapa de relevamiento de información de campo, en el que los técnicos de la entidad acuden a la propiedad.
El director nacional del INRA, Juan Carlos Rojas, ratificó el cumplimiento de este precepto.
La acreditación de la FES, según el Ministerio de Defensa, es la ganadería y el fortín, porque protege el límite fronterizo con el Brasil, y el hierro del subsuelo. Freire explicó que ni las FFAA ni el Ministerio de Gobierno conocieron reclamo de El Hage sobre la propiedad.
Salinas aclaró que el documento de Derechos Reales no acredita el derecho de propiedad de las tierras porque pudo transferirse y cambiar de dueño, pero no necesariamente inscribirse en el registro.
Técnicos del INRA explicaron que existen etapas en el saneamiento para que cualquier persona que sienta afectados sus derechos sobre la propiedad de una tierra pueda hacerla conocer directamente al INRA, con documentos.
Este paso no fue cumplido por la familia El Hage, y a pesar de que envió una carta al presidente Evo Morales y a otras instancias, esto no sustituye la obligación de reclamar ante el INRA, explicaron los técnicos.
Rojas informó que el Tribunal Agrario Nacional está en la etapa de recepción de reclamos, instancia a la que puede acudir la familia El Hage.
El Ministerio de Defensa aún revisará los archivos porque encontró otra irregularidad. Freire comprometió informar cuando se documente.
Tierras para el Mutún
Según antecedentes del caso, la familia El Hage entregó en alquiler las 3.500 hectáreas a las FFAA desde 1935. Sin embargo, después de renovaciones de contratos y rectificaciones de precios que reconocían este acuerdo, desde 1986 se había incumplido el pago del arrendamiento.
Freire y Salinas informaron que en la revisión de los documentos de archivo se encontró el informe legal Nº 07/87 del 4 de febrero de 1987 que aclara el derecho propietario de las tierras y, por lo tanto, suspende cualquier pago de alquiler.
Aseguraron que por eso el arriendo no está vigente.
Esta propiedad, según el Decreto 29893 del 4 de febrero de 2009, debe ser entregada en comodato (préstamo) a la Comibol para la explotación de hierro durante 40 años.
Freire explicó que todavía no se entregó la propiedad porque no se ha firmado el contrato de comodato. El retraso se debe a un estudio que fue necesario elaborar para definir el lugar donde se moverá el fortín de las Fuerzas Armadas.
Son cuatro factores que se debieron tomar en cuenta para la reubicación: continuar con la protección de la frontera, también de los recursos naturales, que no interfiera con el proyecto de explotación del mineral y que, además, sea factible para una instalación con los requerimientos de la entidad militar.
Freire dijo que se elaboró un proyecto de contrato conjunto con la Comibol que actualmente está en consideración de la institución minera.
El Ministerio de Defensa estima que en tres semanas se contará con el documento final para hacer la transferencia.
El presidente de la Comibol, Hugo Miranda, informó que esta parte de la propiedad todavía no fue entregada a la empresa Jindal Steel & Power.
Gobierno pide a La Prensa que revele sus fuentes
El Ministerio de Defensa acusó a La Prensa de hacer “sensacionalismo” y solicitará que revele sus fuentes con respecto a una nota de prensa para la cual la institución del Estado no dio información, a pesar de que este medio siguió el trámite correspondiente y cumplió con la obligación periodística de solicitar la contraparte.
Ayer, en una entrevista otorgada a este medio por el director general de Asuntos Jurídicos, Roberto Freire; el jefe de la Unidad de Gestión Jurídica, Enrique Salinas, y el director general de Bienes, Patrimonio e Infraestructura, coronel Mario Antezana, en representación del Ministerio de Defensa, afirmaron que la nota publicada el martes 20 de octubre bajo el título “Las Fuerzas Armadas cedieron las tierras del Mutún bajo presunto estelionato” es la información de un hecho no cometido que llevará a un juicio a la familia El Hage, porque daña la imagen de la institución militar.
Agregaron que bajo una solicitud judicial pedirán que este medio revele las fuentes en que se basó la nota y que llamarán como testigo a sus periodistas ante el juicio que se instale. La Prensa acudió al Ministerio de Defensa desde el martes 13 de octubre para hacer conocer la solicitud de información sobre un contrato de alquiler que, según documentos, existe con la familia El Hage. Estos informes fueron entregados a la Dirección de Comunicación de esa cartera de Estado.
El miércoles 14, un periodista se apersonó a la oficina y ofreció otra copia de los documentos e información adicional, oferta que no fue escuchada. Además se pidió que ante la dificultad de emitir una respuesta se pueda explicar las condiciones en las que las FFAA entregaron una propiedad en el Mutún a la Corporación Minera de Bolivia (Comibol).
El jueves se procedió con la misma insistencia. A pesar del compromiso de hacer conocer una respuesta esa tarde, el Ministerio no se comunicó con el medio. El lunes tampoco lo hizo.
Los tres funcionarios del Ministerio declararon ayer que aún no se cuenta con la información completa sobre el hecho, pero que se pudo evidenciar que existen documentos. Éstos serán analizados y, por responsabilidad institucional, se difundirán cuando se puedan sustentar.
Más datos
El Estado y la Jindal Steel & Power firmaron un contrato de riesgo compartido del Mutún.
El aporte nacional es la entrega de 5.250 hectáreas para la explotación de hierro.
A la fecha sólo se concedió la propiedad adquirida a 16 ganaderos, que está cuestionada.