La acción popular contra la arbitrariedad fue interpuesta ayer por el colectivo ciudadano Movimiento Naranja y hoy fue admitida en contra de Lucio Gómez, ejecutivo de la Confederación Nacional de Choferes de Bolivia; Edson Valdez, secretario Ejecutivo de la Federación Departamental de La Paz y otros dirigentes, quienes deberán presentarse a la audiencia fijada para el lunes 22 de diciembre a las 16.00.
Fuente: ANF / La Paz
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz admitió la acción popular contra varios dirigentes del transporte que ordenaron aumentar el costo de los pasajes por la eliminación de la subvención a los hidrocarburos.
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Ayer, la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia pidió dejar sin efecto el Decreto Supremo 5503 que elimina la subvención a los combustibles. Los conductores del transporte público de La Paz comunicaron un incremento de los pasajes en las diferentes modalidades.
La acción popular contra la arbitrariedad fue interpuesta ayer por el colectivo ciudadano Movimiento Naranja y hoy fue admitida en contra de Lucio Gómez, ejecutivo de la Confederación Nacional de Choferes de Bolivia; Edson Valdez, secretario Ejecutivo de la Federación Departamental de La Paz; Limbert Tancara, ejecutivo del Transporte Libre de La Paz; y en contra de Santos Escalante, secretario de la Federación de Transporte de La Paz.
Los dirigentes deberán presentarse a la audiencia fijada para el lunes 22 de diciembre a las 16.00.
“Estas personas han hecho invocaciones específicas de defensa de la subida de precios en los pasajes. Entonces, nosotros hemos considerado que es un acto vulneratorio, pero que va, no solamente contra los intereses de un grupo de ciudadanos, en contra toda la colectividad de ciudadanos a nivel nacional que utilizan transporte público”, dijo el abogado Juan Revollo en entrevista con la ANF.
Además de los dirigentes, también está siendo convocado el alcalde de la ciudad de La Paz, Iván Arias, y la Autoridad de Telecomunicaciones y Transportes para que expliquen el sistema regulatorio.
“¿Y cuál entonces debería ser el ejercicio de resultado de esta acción? Que se establezca un tarifario adecuado. Que las personas tengan un tiempo específico, las competencias para sentarse y estar obligados a que establezcan un monto para el tarifario como costos”, resaltó Revollo.
Sin embargo, el jurista también resaltó que los dirigentes de los choferes podrían ser aprehendidos en este momento ante cualquier denuncia que indique que con el paro están vulnerando el derecho a la libre locomoción de las personas.
El Gobierno convocó a los choferes para explicarles la medida económica y tratar de llegar a un acuerdo para que depongan sus medidas de presión.
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