Opositores advierten un ‘desmantelamiento’ y concentración de poder mediante decretos, mientras desde el oficialismo defienden el reordenamiento administrativo dispuesto por el Ejecutivo.
eju.tv / Videos: Tele Estrella HD / Erbol /Cadena A
La promulgación del Decreto Supremo 5552, que dispone un reordenamiento administrativo de la Vicepresidencia del Estado y traslada varias de sus direcciones a tuición del Ministerio de la Presidencia, abrió una nueva controversia política en el país, con cuestionamientos de sectores opositores que advierten un debilitamiento institucional y una defensa desde el oficialismo, que descarta inconstitucionalidad y justifica la medida como una corrección administrativa.
Desde la oposición, la diputada de Alianza Libre, Lissa Claros, afirmó que el decreto configura un ‘desmantelamiento de la Vicepresidencia del Estado’ y denunció un intento del presidente Rodrigo Paz de gobernar mediante decretos supremos. En su criterio, la medida busca relegar a la institución vicepresidencial ‘a la mínima expresión’ y consolidar un esquema de poder paralelo con el ministro José Luis Lupo a la cabeza. Además, identificó al líder de Unidad, Samuel Doria Medina, de estar detrás de esta estrategia.
“Recordemos que el Decreto Supremo 5503 tenía la visión de poder consolidar, de aprobar créditos sin la necesidad del aval de la Asamblea, de tener contratos de recursos estratégicos sin la necesidad que pasen por la Asamblea. Lo que este gobierno está haciendo es intentar consolidar a un vicepresidente en la sombra que no ha podido ser de manera democrática. El señor Lupo se quiere consolidar como un vicepresidente en la sombra ya que no lo ha podido ser democráticamente”, cuestionó.
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En la misma línea, el exdiputado Rafael Quispe calificó el escenario como inédito y afirmó que, tras el DS 5552 y normas previas de redistribución administrativa, Bolivia tendría un ‘vicepresidente de facto’, en referencia a José Luis Lupo. Quispe sostuvo que nunca antes se había reducido de esa manera el ámbito operativo de la Vicepresidencia y alertó sobre una ruptura del equilibrio institucional.
“O sea, eso pues no. No se ha atrevido ni el Evo, ni las dictaduras. No se han atrevido. Se les ha respetado. O sea, realmente, lo que han hecho es una cosa sin nombre. En conclusión, hoy Bolivia tiene un vicepresidente de facto, al margen del democrático; entonces, hoy tiene un vicepresidente de facto que se llama Lupo, que responde a Samuel Doria Medina, más conocido como el K’encha”, denunció Quispe.
Edificio de la Vicepresidencia del Estado. Foto: Erbol
A las críticas políticas se sumó el análisis del abogado constitucionalista y dirigente de Alianza Libre Luis Vásquez Villamor, quien advirtió que el decreto podría marcar un tránsito ‘del Estado de Derecho al Estado del decreto’. El jurista señaló que la absorción administrativa de la Vicepresidencia por el Ejecutivo plantea un debate de fondo sobre la independencia de poderes y anunció que su bancada impulsará la interpelación de ministros para que expliquen el alcance de la medida ante la Asamblea Legislativa.
En contraste, el diputado del Partido Demócrata Cristiano, Ricardo Rada, defendió el DS 5552 y negó que incurra en inconstitucionalidad. Afirmó además que la decisión responde a la necesidad de racionalizar recursos públicos y cuestionó el uso del presupuesto de la Vicepresidencia al señalar que no se justifica mantener altos costos sin resultados concretos para la población.
“Está cortando las uñas a alguien que está recibiendo un sueldo para rascarse y, como él mismo lo ha declarado, para ser opositor al gobierno. Él pidió el voto y la confianza del pueblo boliviano para construir y cambiar el país y no para estar jorobando por TikTok 24/7 y hablando burreras. Creo que todos los bolivianos aplaudimos, que se les corte las uñas y que veamos y nos justifique (su trabajo)”, puntualizó el oficialista.
La controversia por el DS 5552 reabre el debate sobre los límites del Ejecutivo en la reorganización del aparato estatal, el rol de la Vicepresidencia dentro del diseño constitucional y el equilibrio entre eficiencia administrativa y preservación de la institucionalidad, en un contexto político marcado por el incremento de la polarización interna en el gobierno de Paz – Lara y la discusión sobre la forma de ejercicio del poder.