Crispín también anunció que solicitará explicaciones sobre el traslado de cisternas desde Santa Cruz hasta la planta de Senkata, en El Alto, donde, según dijo, el combustible estaría sin ser descargado. La senadora advirtió que este tipo de movimientos puede implicar riesgos de seguridad.
eju.tv / Video: Gigavisión
La senadora del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Ana María Crispín, anunció este miércoles que presentará una petición de informe escrito para que el Gobierno detalle la lista de funcionarios destituidos de YPFB, las razones de su alejamiento y el grado de responsabilidad que tendrían por la presunta distribución de combustible de mala calidad.
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«Todo este tiempo se ha hablado de que existían personeros y funcionarios públicos que habrían saboteado la gasolina. Nosotros vamos a solicitar una petición de informe escrito para conocer la lista de quiénes han sido destituidos y bajo qué razones. Es decir, si se trata de procesos administrativos o penales por todo lo que ha pasado», indicó la legisladora.
Dijo que una vez que tengan esa información, se podrá identificar a los exfuncionarios que presuntamente fueron los responsables de todos estos errores en los que se ha incurrido y que pueden recaer en un delito. Además, cada uno de estos procesos administrativos de despido tiene que tener una razón de ser.
Crispín también anunció que solicitará explicaciones sobre el traslado de cisternas desde Santa Cruz hasta la planta de Senkata, en El Alto, donde, según dijo, el combustible estaría sin ser descargado. La senadora advirtió que este tipo de movimientos puede implicar riesgos de seguridad, debido a la volatilidad del producto, y demandó conocer quién autorizó esas operaciones y bajo qué criterios técnicos se ejecutan.
La posición de la legisladora surge luego de que la estatal petrolera informara que las destituciones forman parte de un proceso orientado a optimizar recursos, mejorar la eficiencia operativa y fortalecer la transparencia institucional. En ese marco, varios exfuncionarios tendrían procesos iniciados por presuntamente haber afectado las operaciones de la empresa, algunos de ellos con medidas cautelares en curso.
El presidente de YPFB, Yussef Akly Flores, explicó ayer que la medida busca racionalizar la estructura de la compañía, corregir irregularidades heredadas y garantizar una gestión basada en criterios técnicos y éticos, además de procesar a los responsables de cualquier daño económico o técnico ocasionado a la empresa.