La Ofep advierte una situación financiera crítica en varias firmas públicas. Se evalúa el inicio de auditorías y posibles alianzas para encarar la crisis.
El director de la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública Pablo Camacho / archivo
Fuente: Brújula Digital
Al menos 14 empresas estatales se encuentran en quiebra técnica y acumulan deudas cercanas a los Bs 1.025 millones, según informó Pablo Camacho, director de la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (Ofep).
El funcionario explicó que estas compañías presentan un desequilibrio financiero debido a que sus pasivos superan a sus activos, lo que compromete su sostenibilidad y capacidad de operación. “Tendríamos 14 empresas con quiebra técnica”, señaló Camacho, al advertir que varias de estas entidades deberán enfrentar en 2026 obligaciones significativas con el Banco Central de Bolivia (BCB) y el Fondo para la Revolución Industrial Productiva (Finpro).
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Entre las empresas en esta situación figuran Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y la Empresa Azucarera San Buenaventura, además de otras firmas públicas con dificultades tanto operativas como financieras.
De acuerdo con el reporte, el monto total de la deuda asciende a “más o menos Bs 1.025 millones, que hay que comenzar a honrar”, lo que representa un desafío para la gestión económica del Estado. Camacho también cuestionó las condiciones en las que se encuentran varias de estas empresas, señalando deficiencias en su planificación. “Muchas no cuentan siquiera con estudios Técnico, Económico, Social y Ambiental (Tesa)”, afirmó, y lanzó duras críticas a la gestión anterior. “Nos han dejado una bomba molotov con el mechero encendido”, sostuvo, al referirse al nivel de endeudamiento y a la falta de liquidez.
Frente a este panorama, el gobierno analiza diferentes alternativas para encarar la crisis, entre ellas auditorías integrales, evaluaciones de gestión y procesos de valorización que permitan determinar la situación real de cada empresa. Asimismo, se plantea la posibilidad de establecer alianzas público-privadas como un mecanismo para mejorar la administración o reestructurar algunas de estas compañías.
No obstante, Camacho advirtió que el marco normativo vigente limita estas opciones. Según explicó, la Ley 466 de la Empresa Pública establece un control estatal rígido que dificulta la aplicación de mecanismos más flexibles para la recuperación de las empresas.
Ya el mes pasado, Camacho había informado que 64 de las 67 empresas públicas registran pérdidas económicas y que el déficit acumulado del conjunto de compañías estatales supera los 8.000 millones de bolivianos.
BD/LE/MZS