El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, advierte que mafias internacionales estarían detrás de la contaminación de carburantes que afectó a miles de vehículos en Bolivia.
eju.tv / Video: PPT Dircom
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, denunció este martes la existencia de una red transnacional de robo y sabotaje de combustible que operaría en Chile, Paraguay y Argentina, señaló además que la gasolina adulterada que circuló en Bolivia tendría su origen en estos circuitos ilegales; aclaró que aún no hay personas aprehendidas, pero sí indicios firmes de una estructura criminal organizada.
La crisis por la gasolina contaminada en Bolivia dio un giro este martes tras la revelación oficial de un posible esquema internacional de adulteración de carburantes, ya que el ministro de Gobierno brindó pormenores del supuesto modus operandi de la estructura criminal en base a las investigaciones realizadas que permiten identificar un patrón común en la región, con operaciones similares detectadas en los tres países vecinos.
“Se confirma que hay una red transnacional de robo y sabotaje del combustible que llega a Bolivia”, sostuvo la autoridad, al advertir que el problema no responde a hechos aislados, sino a una estructura criminal con capacidad logística y operativa en varios países, hecho corroborado por el presidente Rodrigo Paz, quien dijo que “esta red delincuencial que opera en varios países, roba el combustible boliviano, lo adulteran y vende de manera ilegal; pero, el mensaje es claro: vamos a recuperar YPFB”.
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Trasvase de combustible en Iquique. Foto: Min Gobierno
El esquema, según la información presentada por el Ministerio de Gobierno, incluye la extracción ilegal de combustible, su desvío y posterior adulteración mediante la mezcla con agua, aceites residuales u otras sustancias contaminantes antes de su reingreso al circuito comercial.
De acuerdo con la explicación oficial, una de las operaciones más relevantes fue detectada en la zona norte de Chile, particularmente en Arica e Iquique, donde se habrían instalado centros clandestinos de acopio y distribución de carburantes robados, destinados en parte al mercado boliviano. “La red de robo y sabotaje de combustible tiene dos referentes iniciales, una en la ciudad de Arica y dos, la ciudad de Iquique”, puntualizó.
Las investigaciones señalan que en estos puntos se realizaba el traslado irregular desde cisternas hacia camiones particulares, además del uso de acequias para mezclar el combustible con agua y residuos, lo que generó el deterioro del producto final. “Se hace el trasvase a camiones pequeños que se traslada a garajes privados donde se vende el producto, sea diésel o gasolina”, subrayó para luego precisar que sacan de cada cisterna entre 700 y 1.500 litros.
Las cisternas son llenadas con agua sucia y aceite. Foto: Min Gobierno
“Se van a esta acequia donde hay agua, que no es limpia por supuesto, y mezclan el agua con aceite usado. Se han sacado mil litros, cargan mil litros de esta agua, la mezclan con aceite usado para darle color y la vuelven a introducir la cisterna. Esto, que es una prueba concluyente, con placas de cisternas, con gente que está operando, es lo que ha estado recibiendo el país y dañando el parque automotor en Bolivia”, precisó.
El impacto sería de gran escala, porque, según datos oficiales, entre octubre de 2025 y marzo de 2026 se identificó el ingreso de aproximadamente 5.000 cisternas provenientes de Chile, con un volumen estimado de 150 millones de litros de combustible afectados.
Empero, Oviedo precisó que el proceso investigativo aún no ha derivado en aprehensiones. “No hay personas detenidas, pero sí elementos suficientes que confirman la existencia de esta red”, afirmó, para luego subrayar que se trabaja en coordinación con instancias internacionales para identificar a los responsables.
Un surtidor artesanal habilitado para la venta de combustible. Foto: Min. Gobierno
Por su parte, el ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, coincidió en que se dio un gran paso para desmantelar las organizaciones criminales y anunció que se establecerán controles más estrictos en la cadena de suministro, ante el impacto que la gasolina adulterada ha tenido en el parque automotor del país. “El gobierno reafirma su convicción de lucha contra cualquier elemento que dañe la calidad del combustible, tanto del diésel como de la gasolina”, aseveró
El Gobierno sostiene que el caso no solo implica un delito económico, sino un acto de sabotaje con efectos directos sobre la seguridad energética y la confianza en el sistema de distribución de combustibles. En ese contexto, las autoridades ampliarán las investigaciones hacia otros países de la región, con el fin de desarticular una estructura que, según la denuncia oficial, opera con características similares en al menos tres fronteras y que habría logrado infiltrar combustible contaminado en el mercado boliviano.