Los marchistas rumbo a La Paz ponen como condición la anulación de la ley que conversión de la pequeña propiedad a mediana
En Collana, una comunidad cercana a Yucumo (Beni), el defensor del Pueblo, Pedro Callizaya, empezó a hacer gestiones para generar condiciones de retoma del diálogo entre la dirigencia de los campesinos e indígenas que marcha a La Paz y la comisión del Gobierno sobre la ley de conversión de la pequeña en mediana propiedad.
Callizaya se trasladó hasta esta zona, donde se encuentra la marcha campesina e indígena en su octavo día de caminata desde Pando hasta La Paz. En dos ocasiones fracasó el diálogo ante la condición de los movilizados de viabilizar la anulación de la ley observada, bajo el argumento de que afectará su derecho sobre la tierra.
“Estamos generando un espacio que nos permita el día de mañana restablecer una mesa de diálogo con las autoridades”, explicó en un boletín institucional, poco después de una reunión con la dirigencia para escuchar sus planteamientos y contribuir a generar condiciones que permitan encaminar un proceso de diálogo efectivo con el Gobierno.
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La comisión oficial —integrada por los viceministros de Tierras, Hormando Vaca Diez; de Desarrollo Rural, Karel Rivero; de Gobierno, Hernán Paredes; junto al director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Hernán Pereira— se encuentra en Rurrenabaque desde el martes.
Para el Gobierno no hay motivo de susceptibilidad, porque la Ley 1720 no afecta la propiedad agraria indígena y comunal. Además, la conversión a mediana propiedad es voluntaria, siempre y cuando se cumpla el requisito de la titularidad de la tierra.
Sin embargo, los marchistas tienen una posición diferente y advierten que el contenido de la norma afectará a unas 200 comunidades de Pando en proceso de dotación de tierras.