Colectivos y defensoras de derechos humanos alertan ataques contra el proyecto de ley 010 y piden priorizar la protección de niñas, niños y adolescentes.
La conferencia de prensa de las organizaciones que respaldan la denominada ‘Ley Brisa’. Foto: Comunidad DDHH
Organizaciones sociales, redes y activistas de derechos humanos se pronunciaron este martes en La Paz para alertar sobre una campaña de desinformación contra un proyecto de ley que busca fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes frente a la violencia sexual, y exigieron avanzar en su tratamiento legislativo.
La Ley 010 “de incorporación del tipo penal de violación incestuosa, eliminación del estupro y reconocimiento de la falta de consentimiento como elemento constitutivo del delito de violación para garantizar el acceso a la justicia”, bautizada como ‘Ley Brisa’, es una iniciativa impulsada por la diputada de Alianza Unidad, Andrea Ballivián, que busca fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes frente a la violencia sexual.
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El pronunciamiento surge en un momento que califican como crítico para ese sector vulnerable de la sociedad, con al menos 30 denuncias diarias por violencia sexual en el país, en su mayoría contra menores de edad. ‘Bolivia atraviesa un contexto alarmante’, advierten las organizaciones, que consideran urgente reducir la impunidad y garantizar justicia para las víctimas.
La iniciativa legislativa, impulsada por la diputada Ballivián, propone modificaciones al Código Penal, entre ellas la eliminación del delito de estupro, la tipificación de la violación incestuosa y el reconocimiento del consentimiento como elemento central en los delitos de violación.
Una de las activistas explica las características del proyecto de ley 010. Foto: Comunidad DDHH
Desde la Coordinadora de la Mujer, su máxima representante, Tania Sánchez, explicó que la propuesta busca cerrar vacíos legales, explicó que el Proyecto de Ley 010 plantea cuatro cambios principales en la legislación penal. Entre ellos, la eliminación del delito de estupro y la ampliación del delito de violación para incluir relaciones entre personas adultas y adolescentes, salvo en casos de consentimiento entre pares con una diferencia de edad no mayor a tres años.
Propone tipificar la violación incestuosa de infantes, niñas, niños y adolescentes como un delito específico, quedando la actual agravante prevista en nuestra normativa para otros casos. Establece la imprescriptibilidad únicamente del delito de violación contra menores de edad y reconoce el consentimiento como elemento central en la configuración del delito de violación de personas mayores de edad, el cual ya se exige en este delito, pero como un elemento tangencial.
Por su parte, Mónica Bayá, de la Comunidad de Derechos Humanos, afirmó que el proyecto responde a compromisos internacionales asumidos por el Estado boliviano. “El cumplimiento de esta decisión no es opcional, es vinculante”, sostuvo, en referencia a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Angulo Losada vs. Bolivia, que evidenció fallas en la investigación y respuesta judicial frente a hechos de violencia sexual e incompatibilidad de nuestra normativa con los estándares internacionales.
Las organizaciones también denunciaron la circulación de información falsa sobre el contenido de la norma. “Genera confusión en la opinión pública y debilita el debate informado”, señalaron, al advertir que esta situación afecta la discusión legislativa.
Representantes de diferentes organizaciones que promueven la ‘Ley Brisa’. Foto: Comunidad DDHH
Asimismo, condenaron ataques contra activistas y defensoras de derechos humanos, en particular contra Brisa De Angulo. En ese marco, Isaac Rojas, de la Fundación Construir, afirmó que estas acciones “constituyen discurso de odio y no goza de la protección de la libertad de expresión, lo cual ha sido expresamente descrito en los instrumentos internacionales que son de obligatoria observancia en nuestro país”.
El pronunciamiento también cuestiona discursos que en su criterio buscan ‘normalizar y justificar’ relaciones entre adultos y adolescentes o relativizar delitos como la violación incestuosa, así como la oposición a endurecer sanciones contra encubridores o responsables en posiciones de poder.
En cuanto a la discusión en el Legislativo, Marité Guisbert, de la Red Nacional de Promotoras Comunitarias, valoró los espacios de diálogo, aunque criticó que algunos sectores prioricen la obstrucción. En ese sentido, pidió fortalecer las mesas técnicas anunciadas por la Comisión de Derechos Humanos con participación de instituciones y especialistas de diferentes sectores especializados y académicos.
La activista Yesica Velarde también llamó a priorizar los derechos de la niñez. “El Proyecto de Ley 010 representa una oportunidad para saldar una deuda histórica con las víctimas de violencia sexual”, afirmó, al subrayar que ‘sus derechos no son negociables’ e hizo un llamado a las autoridades nacionales, a los asambleístas y a la sociedad en su conjunto a informarse adecuadamente sobre el contenido y alcance del Proyecto de Ley 010.