Fiscalía presenta imputación contra representante de constructora del Gastro y pide 6 meses de detención


El Ministerio Público calculó el daño económico al Estado en al menos 711 millones de bolivianos.

eju.tv / Video: CTV



El Ministerio Público presentó la imputación formal contra el representante legal de la empresa constructora Makiber, encargada de edificar el Hospital Gastroenterológico, para quien pide seis meses de detención preventiva, mientras se lleva a cabo la investigación.

«Se ha presentado la imputación formal para que se resuelva su situación en audiencia de medidas cautelares, hablamos de seis meses de detención preventiva tomando en cuenta la proporcionalidad y la magnitud del bien protegido, ya que el daño económico causado al Estado es de gran magnitud», afirmó el fiscal Wilson Medrano.

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El representante legal de la constructora Makiber fue aprehendido el martes (21) por las investigaciones del caso Hospital Gastroenterológico de cuarto nivel de La Paz, ubicado en la avenida Zabaleta, obra que sufrió un deslizamiento y que hasta la fecha no puede entrar en funcionamiento.

«Hemos realizado la debida fiscalización respecto a los trabajos que estaba realizando a nombre de la empresa, lo que posteriormente derivó en un deslizamiento que ha afectado la parte superior de la infraestructura, que ha ocasionado un daño económico que supera los 711 millones de bolivianos», precisó el representante del Ministerio Público.

La aprehensión se concretó mientras avanzan las indagaciones para determinar las responsabilidades por las fallas en la construcción y los constantes retrasos en la entrega del moderno centro hospitalario, ubicado en el barrio de Miraflores, en La Paz.

«Son recursos provenientes del Tesoro General del Estado, han sido recursos erogados a esta empresa para que realice la ejecución del proyecto y se encargue de la puesta en marcha, característica básica de la modalidad de contratación llave en mano, el tipo de contratación entre la Aisem y la constructora Makiber», apuntó Medrano.

Además del representante legal de la constructora, también están siendo investigados los asesores técnicos de la Aisem que formaron parte del contrato administrativo, a quienes se citó para declarar por el daño económico al Estado que se calcula en 711 millones de bolivianos.