El viceministro detalló que los argumentos presentados ante el TCP fueron recogidos del propio documento que los dirigentes de la marcha indígena entregaron al Gobierno, en el cual exponen las razones por las que consideran que la Ley 1720 vulnera la Constitución.
eju.tv / Video: Radio Fides
El viceministro de Régimen Interior y Policía, Hernán Paredes, informó hoy (24) que el Gobierno nacional presentó ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) una acción de inconstitucionalidad contra la Ley 1720, norma que permite al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) convertir voluntariamente pequeñas propiedades agrarias tituladas en medianas propiedades. La medida responde directamente a las demandas de la marcha indígena que partió desde Pando semanas atrás, cuyos dirigentes exigen la anulación de esta ley por considerarla contraria a la Constitución y atentatoria contra la pequeña propiedad campesina.
“Nosotros respetamos el ordenamiento jurídico del país y hay un Tribunal Constitucional. Entonces, hemos solicitado al Tribunal Constitucional una acción de inconstitucionalidad para que nos diga si es anticonstitucional o no”, enfatizó la autoridad y agregó que el Gobierno acata los canales institucionales para resolver el conflicto normativo.
El viceministro detalló que los argumentos presentados ante el TCP fueron recogidos del propio documento que los dirigentes de la marcha indígena entregaron al Gobierno, en el cual exponen las razones por las que consideran que la Ley 1720 vulnera la Constitución.
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“En la marcha ellos nos dieron un documento donde señalaban por qué consideran que es anticonstitucional. Eso hemos puesto en el formato que exige el Tribunal y hemos presentado. Estamos a la espera de esa respuesta”, señaló Paredes, quien advirtió que si la respuesta no llega en los próximos días, se recurrirá a una medida cautelar para suspender los efectos de la norma.
Paredes recordó que la principal exigencia de los movilizados es la anulación de la Ley 1720. “El primer punto, ellos quieren la anulación de la ley 1720. Porque consideran que es anticonstitucional y que pone en riesgo la pequeña propiedad. A eso les hemos dicho: nosotros no podemos anular y decir que eso es anticonstitucional”, remarcó.
No obstante, aseguró que con la presentación de la acción de inconstitucionalidad y la eventual solicitud de cautelar, el primer punto del pliego de los marchistas ha sido atendido. El Gobierno espera ahora el pronunciamiento del TCP para definir los pasos a seguir en medio de la tensión social que mantiene en vilo a varias regiones del país.