La ley de conversión de la pequeña propiedad agraria a mediana fue promulgada por el presidente Rodrigo Paz el 8 de abril
La Comisión de Región Amazónica, Tierra y Territorio de Diputados aprobó por mayoría el proyecto de ley de abrogación de la Ley 1720 de conversión de la pequeña propiedad agraria a mediana, por lo que ahora la suerte de esta ley pasa a manos del plenario.
La diputada y presidenta de la Comisión de Región Amazónica, Tierra y Territorio, Patricia Patiño, informó que la abrogación responde a que la ley va en contra de la Constitución Política del Estado, al romper con el principio de indivisibilidad e inembargabilidad de la pequeña propiedad agraria.
“Aunque me hayan declarado persona no grata en Santa Cruz, prefiero ser no grata en algún lugar, pero sí grata en toda Bolivia”, afirmó respecto al rechazo de los agroindustriales y autoridades cruceñas a la abrogación de esta ley, que es cuestionada por indígenas y campesinos que consideran que afectará su derecho sobre la propiedad agraria comunitaria.
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Campesinos e indígenas marcharon más de 100 kilómetros de Pando a La Paz exigiendo abrogar la Ley 1720. Llegaron a la sede de Gobierno e instalaron una vigilia en puertas de la Vicepresidencia a la espera de anular la vigencia de esta ley, aprobada el 8 de abril por el presidente Rodrigo Paz en un evento agroindustrial.
Mientras tanto, Paz logró un acuerdo con la dirigencia de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) para canalizar, justamente, un debate en el Legislativo, porque es la instancia que tiene la atribución para anular esta ley.
Frente a esta posición de campesinos e indígenas, los agroindustriales cruceños rechazaron cualquier intento de abrogar la norma y amenazaron con medidas de presión.
“Vemos una situación sesgada cuando sale la Cámara Agropecuaria del Oriente y anuncia protestas; que vengan pues a pie desde Santa Cruz (hasta La Paz) a ver si van a poder hacer lo que hacen indígenas y campesinos que marcharon 30 días”, cuestionó.
Ahora el debate llegó al pleno de la Cámara de Diputados, donde hay posiciones a favor y en contra de abrogar la ley.