Cinco escenarios posibles para Bolivia entre 2026 y 2035, construidos sobre variables que ningún gobierno puede ignorar: el litio, la deuda, el gas, la polarización estructural, y la movilización popular.
Fuente: https://elpais.bo
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Más allá de los procesos electorales, el futuro de Bolivia está determinado por variables estructurales que llevan décadas construyéndose y que ningún decreto ejecutivo puede modificar en seis meses.
En esta pieza, que da cierre a la serie “Bolivia instrumentalizada: La red que capturó un Estado”, se revisan escenarios posibles y maneras de entender esas variables, a manera de prerrequisito para cualquier análisis honesto de lo que puede venir para el país.
Variables que no cambian
La primera es el gas. La producción cayó de 60 a menos de 30 millones de metros cúbicos diarios. Bolivia ya importa más del 80% del diésel que consume. Los ingresos gasíferos que financiaron la expansión del Estado en los años del MAS no volverán sin un programa claro de inversión en exploración y activación de nuevos campos y pozos, entre los que se encuentra Mayaya y Bermejo. Esta realidad es independiente del partido que gobierne.
La segunda es el litio. Los depósitos existen —23 millones de toneladas, mayores reservas del mundo— pero no se explotan solos. Las estimaciones más optimistas hablan de una década para llegar a producción industrial significativa, con inversión masiva, tecnología importada o desarrollada y condiciones de mercado que hoy no pueden proyectarse con certeza.
La tercera es la deuda. Con más de 13.700 millones de dólares de obligaciones externas previas y más de 8.000 millones adicionales comprometidos en los primeros seis meses del gobierno de Paz, el margen fiscal para las próximas administraciones es estrecho. La deuda es una condición que limita las opciones de política de cualquier gobierno futuro.
Deuda proyectada
Bolivia acumula más de 21.700 millones de dólares en obligaciones financieras al cierre del primer semestre de 2026.
La emisión de bonos por 1.000 millones de dólares al 9,45% —sumada a los créditos multilaterales ya comprometidos con la CAF, el BID y la JICA, y a la negociación con el FMI que el gobierno confirma y desmiente en el mismo semana— eleva el total de obligaciones financieras comprometidas en el primer semestre del gobierno de Paz a más de 21.700 millones de dólares. Esos bonos vencen en 2031. Si el litio no produce ingresos significativos antes de esa fecha —las estimaciones más optimistas hablan de una década para llegar a producción industrial— quien refinancie esa deuda lo hará sin el activo que la justificó.
La cuarta es la polarización. Bolivia tiene una sociedad estructuralmente dividida entre el altiplano —bases del MAS, economía informal, herencia indígena— y el oriente —Santa Cruz, agroindustria, derecha empresarial. El gobierno de Paz tiene minoría parlamentaria. Sus decisiones más controversiales —DEA, Starlink, FMI, Israel— generan apoyo en algunos sectores y rechazo profundo en otros.
La quinta variable es la movilización popular organizada. El “Pacto de unidad” que articula a los principales actores sociales del país no es una protesta espontánea. Tiene nombre, plataforma publicada y un registro histórico de eficacia que ningún gobierno boliviano puede ignorar sin pagar el costo. Fue la resistencia social la que frenó el contrato de litio de Jaime Paz Zamora en 1992. Y fue la movilización popular la que sacó a tres presidentes en el ciclo 2000-2005.
Escenario 1: El ajuste que estabiliza, pero no desarrolla (2026-2028)
El escenario más probable a corto plazo es la aplicación del manual del FMI: eliminación gradual de subsidios, reducción del déficit, estabilización macroeconómica. Argentina ofrece el precedente más cercano: en 2024 y 2025, la inflación se desaceleró y el déficit fiscal se redujo, pero la economía se contrajo y el empleo informal creció.
Bolivia tiene una diferencia relevante: el 80% de informalidad laboral hace que el ajuste formal tenga efectos limitados sobre la mayoría de la población, pero también que las redes de protección sean débiles. Si el ajuste produce desempleo en el sector formal antes de que el litio genere ingresos, la conflictividad social puede escalar más rápido que en Argentina.
El riesgo político es doble: por un lado, los movimientos sociales del altiplano —con capacidad demostrada de desestabilizar gobiernos en Bolivia— pueden escalar la presión antes de que los resultados del ajuste sean visibles. Por otro, el propio Congreso, donde el gobierno de Paz no tiene mayoría, puede bloquear reformas o aprobarlas con condiciones que alteren el programa.
Escenario 2: La trampa de deuda y extracción sin desarrollo (2027-2030)
Si Bolivia firma contratos de litio con empresas estadounidenses bajo condiciones que no garantizan industrialización local, y si los préstamos multilaterales se usan principalmente para sostener el consumo y pagar deuda anterior, el país puede quedar atrapado en un círculo: exporta mineral en bruto, recibe crédito, paga el crédito con más mineral, sin acumular capacidad productiva propia.
La emisión de bonos del 7 de mayo de 2026 es la primera señal cuantificable de ese riesgo. Una tasa del 9,45% en un plazo de cinco años no financia desarrollo. Financia liquidez. Si esos 1.000 millones de dólares se destinan al presupuesto ordinario —salud, educación, inversión corriente— sin generar nueva capacidad productiva, la deuda habrá financiado el consumo presente a costa de opciones futuras. El gobierno puede argumentar que esos recursos llegan a sectores que lo necesitan. Lo que no puede argumentar es que una deuda que vence antes de que el litio produzca sus primeros ingresos significativos forma parte de una estrategia de desarrollo de largo plazo.
Este es el escenario colonial clásico con tecnología del siglo XXI. No requiere mala intención de ningún actor para producirse: es el resultado natural de negociar desde una posición de debilidad con actores que tienen todo el poder de negociación.
Escenario 3: El litio como palanca soberana (2030-2035, posible pero difícil)
Si Bolivia logra negociar contratos de litio con participación estatal real, industrialización en territorio e ingresos que lleguen al Estado boliviano con condiciones similares a las que Noruega tiene con el petróleo o Chile con CODELCO, el mineral puede convertirse en motor de transformación genuina.
La trampa geopolítica es precisa: Estados Unidos quiere el mineral, no que Bolivia fabrique baterías. La diferencia entre ambas cosas —entre ser proveedor y ser productor— es la diferencia entre un país colonial y un país industrial. Lograr esa diferencia requeriría una capacidad de negociación que Bolivia hoy no tiene y una voluntad política que, por el momento, no se expresa en los términos del memorando de entendimiento de abril de 2026.
Escenario 4: La inestabilidad política y el ciclo inverso (2028-2030)
Si el ajuste genera crisis social antes de producir resultados visibles para la mayoría de la población, el ciclo político puede invertirse. El MAS —o una nueva fuerza política que recoja el descontento del altiplano— puede recuperar el poder. Los contratos con Estados Unidos e Israel serían cuestionados. Bolivia volvería a la ambigüedad geopolítica que caracterizó los 20 años de Evo Morales.
El HondurasGate agrega una variable específica: si las investigaciones sobre la red Numen-Parscale se profundizan en otros países y alcanzan formalmente a Bolivia —si se documenta, por ejemplo, que hubo compromisos de política pública negociados antes de la elección— el escándalo puede acelerar ese ciclo.
Escenario 5: La captura del Estado como norma (el riesgo más silencioso)
El escenario más preocupante desde el punto de vista de la calidad democrática no es la crisis económica ni el cambio político. Es la normalización de un modelo de gobierno donde operadores externos sin mandato democrático controlan la narrativa del Estado, sus decisiones de comunicación, sus prioridades de política exterior y eventualmente sus políticas de seguridad e inteligencia.
Si la influencia de Cerimedo sobre el gobierno de Paz se profundiza —y nada en la trayectoria de los primeros seis meses indica que vaya a reducirse—, Bolivia puede consolidar un modelo donde las decisiones estratégicas del Estado son filtradas por una red que responde a lógicas externas: los inversores en litio que necesitan contratos favorables, los aliados geopolíticos que necesitan a Bolivia alineada, los consultores que maximizan su influencia para facturarla.
La Asamblea Legislativa boliviana tiene en comisión los proyectos PL-310, PL-288 y PL-102, que regulan inteligencia artificial, prohíben la vigilancia masiva y rechazan el uso de algoritmos para decisiones autónomas sobre fuerza letal. Esas tres capacidades son la oferta comercial de Palantir. Si esos proyectos no se debaten mientras el Ejecutivo firma acuerdos que los harían inaplicables, Bolivia habrá cedido un espacio normativo sin que nadie lo haya votado.
La democracia formal sobreviviría: habría elecciones, Asamblea Legislativa, Tribunal Constitucional. Pero la arquitectura real del poder operaría en otra parte.
“Encuentro por el país”
El “Encuentro por el país” del 9 de mayo de 2026 fue la primera formulación pública del proyecto político del gobierno más allá de los decretos. Seis gobernadores, nueve alcaldes, los partidos de derecha, ninguna organización popular.
Sus puntos centrales, según el análisis de Ernesto Peñaranda Sánchez, fueron blindar la Ley 1720 en el Senado, implementar el “50/50” como nuevo pacto fiscal, reformar parcialmente la Constitución para institucionalizar la economía abierta y reducir el aparato estatal.
Jorge “Tuto” Quiroga habló de acabar con el estatismo. Luis Fernando Camacho le recordó al presidente que tiene a Santa Cruz para gobernar. Manfred Reyes Villa pidió contener las movilizaciones.
Lo que el Encuentro reveló es la reactivación, con nuevos actores y nueva terminología, de lo que los analistas del período 1985-2003 llamaron democracia pactada: coaliciones parlamentarias para garantizar gobernabilidad a un programa que no tendría mayoría si se sometiera a debate popular.
Rodrigo Paz cerró el “Encuentro por el país” del 9 de mayo con una frase que mide la distancia entre ese proyecto y la Bolivia que moviliza. Declaró ante 600 invitados —sin una sola organización indígena, campesina ni obrera entre ellos— que el principal escollo es que la gente en Bolivia quiere e insiste en ser pobre, y que donde hay pobreza hay bloqueadores.
El presidente que dice que los pobres eligen serlo es el mismo que negocia con el FMI las condiciones del ajuste, el mismo que promulgó —y tuvo que abrogar cuatro días después— la ley que expande la gran propiedad agraria, y el mismo que firmó el memorando de litio sin publicar sus términos.
Preguntas que no cambian
El HondurasGate mostró que la red Numen-Parscale no solo gana elecciones. Negocia condiciones. Lo que Bolivia tendrá que responder —tarde o temprano, en el Congreso, en la calle o en los tribunales— es cuánto costó el apoyo de esa red y quién pagará la factura.
La analista Edith Gálvez formula la pregunta con precisión: “Bolivia tiene el recurso más codiciado del siglo XXI. Tiene también las instituciones más débiles de su historia reciente, la mayor deuda de las últimas décadas y un gobierno asesorado por una red cuyas condiciones de pago no son públicas. Esa combinación puede producir el mayor salto de desarrollo de la historia boliviana o la última iteración del mismo patrón de siempre. La diferencia la hacen las instituciones, la transparencia y la voluntad de los bolivianos de exigir cuentas”.
La historia de Bolivia es la historia de un país que siempre llegó tarde a la fiesta y que siempre pagó la cuenta. El litio puede cambiar eso, o simplemente puede hacer que la cuenta sea más cara.
El modelo noruego y por qué no se puede copiar
Noruega es citada con frecuencia como el modelo de soberanía sobre recursos naturales. El Estado noruego controla el 67% de la empresa petrolera Equinor, recauda regalías elevadas y acumula los excedentes en un fondo soberano que hoy supera el billón de dólares. Es el caso más exitoso del mundo de gestión soberana de recursos no renovables.
Lo que raramente se menciona es que Noruega comenzó a desarrollar su petróleo en los años 1970 con instituciones sólidas, un sistema judicial independiente, niveles de corrupción extremadamente bajos, una sociedad civil organizada y educada, y acuerdos laborales que garantizaban que los beneficios se distribuirían de forma relativamente equitativa.
Chile con CODELCO tampoco es un modelo replicable de forma inmediata: la empresa estatal fue creada en 1976, tiene 50 años de historia institucional y opera con estándares de gobernanza que tomaron décadas construir.
Bolivia, en 2026, no tiene ninguna de esas condiciones. Tiene instituciones debilitadas por dos décadas de politización, un sistema judicial cuya independencia es cuestionada por organizaciones internacionales, niveles de corrupción que el propio gobierno de Paz reconoció como estructurales y una urgencia financiera que le impide negociar en igualdad de condiciones.
Esto no significa que el modelo noruego sea imposible para Bolivia en el largo plazo. Significa que llegar a ese modelo requiere construir primero las instituciones que lo hacen posible —y que esa construcción tarda décadas, no meses. Los contratos que Bolivia firma hoy sobre el litio tienen plazos de décadas. Si no incluyen garantías de industrialización, transferencia tecnológica y participación estatal real, estarán hipotecando el futuro antes de que las instituciones puedan protegerlo.