El dirigente originario advirtió que, de no cumplirse el ultimátum, evaluarán medidas de hecho para garantizar la libre circulación en la frontera, mientras el Gobierno nacional aún no se ha pronunciado oficialmente sobre el emplazamiento.
eju.tv / Video: Radio Fides
Autoridades originarias de la frontera Tambo Quemado, Oruro, notablemente molestas, dieron un plazo de 72 horas para el levantamiento de los bloqueos que afectan la transitabilidad en la zona limítrofe con Chile. Los dirigentes indígenas manifestaron hoy (15) su indignación por la paralización de la economía regional y advirtieron que su paciencia tiene un límite.
“¿Dónde tenemos que llevar nuestros productos? Estamos siendo perjudicados y por lo tanto, voy a leer este pequeño manifiesto. Otorgamos un plazo de 72 horas para que el Gobierno adopte medidas concretas, transparentes y efectivas que permitan resolver la crisis, restablecer la paz social y garantizar el levantamiento de los bloqueos que afectan a millones de bolivianos. Las naciones y los pueblos indígenas originarios de Bolivia reiteramos que la defensa de nuestros territorios, recursos naturales, democracia y dignidad no pueden seguir siendo negados”, enfatizó el representante en conferencia de prensa.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
El dirigente agregó que buscan hacer conocer su manifiesto con la gran molestia de que los bolivianos son perjudicados en sus actividades para ganarse el pan de cada día.
“La economía está manteniendo esa (población) que vive, el comerciante, el transporte, los pueblos originarios que generamos con nuestra siembra, con nuestras cosechas”, denunció, al tiempo que calificó de insostenible la situación para el sector productivo.
“Venimos en representación a hacer un manifiesto. El 80% de los bolivianos generamos nuestra economía a cuenta propia y es el 10% en este momento la que está bloqueando la economía del país, nos está perjudicando”, denunció la autoridad.
Por último, el dirigente originario advirtió que, de no cumplirse el ultimátum, evaluarán medidas de hecho para garantizar la libre circulación en la frontera, mientras el Gobierno nacional aún no se ha pronunciado oficialmente sobre el emplazamiento.