El vocero de la Presidencia, José Luis Gálvez indicó que hay más de 100 aprehendidos y advirtió que los investigadores trabajan en la identificación de los autores de los hechos de violencia.
Por: eju.tv / Video: Noches Sin Tregua
El vocero de la Presidencia, José Luis Gálvez, cuestionó duramente los hechos de violencia registrados durante la movilización que tomó el centro de la ciudad de La Paz el lunes. «Es el peor rostro de los bolivianos», lamentó.
En esa línea, informó que hay más de 100 aprehendidos y advirtió que los investigadores trabajan en la identificación de los autores de los hechos de violencia.
«Tenemos que admitir que admitir que hay bolivianos que generan violencia, que hay políticos que tienen esta estrategia para agredir a los bolivianos y creen que con eso puede retornar y tomar el poder», señaló en una entrevista con Noches Sin Tregua de Cadena A.
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Gálvez anunció: «Esto es delito y cada una de las personas que han cometido delito tienen que rendir cuentas ante la ley, hay más de 100 aprehendidos».
Los manifestantes violentos que pretenden la renuncia ilegal del presidente constitucional, Rodrigo Paz, que viene insistiendo en el diálogo, el lunes protagonizaron saqueos a instituciones públicas y privadas, ataques a ciudadanos a punta de dinamitazos, piedras y palos, dejando heridos y cerca de un centenar de detenidos, elevando la tensión en un día marcado por el vandalismo.
Tras estas múltiples acciones de grupos violentos, la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo llamaron a un diálogo -como viene insistiendo el Gobierno- por el bien común en medio de protestas.
«Cada uno de los violentos tiene que saber que van a ser identificados y tienen que rendir cuentas ante la ley», remarco. el vocero.
Por su lado, el canciller del Estado, Fernando Aramayo, afirmó que el Gobierno no negociará pedidos de renuncia ni acciones que calificó como “terrorismo de Estado” y sedición y remarcó que «la democracia no se negocia» y que los responsables deberán rendir cuentas ante la justicia.
No obstante, aseguró que el Estado mantiene apertura al diálogo para atender demandas sociales y sostuvo que el país atraviesa una etapa de crisis con una “desescalada del conflicto”.