Este 24 de mayo se cumplen dieciséis años de la puesta en vigencia de la Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación. Los discursos y acciones discriminadoras reflotaron en los últimos días, por los violentos bloqueos en varios puntos del país
Por Carlos Quisbert
Fuente: El Deber
El Día Nacional contra el Racismo y toda forma de Discriminación en Bolivia, que se conmemora cada 24 de mayo desde 2010, en criterio de analistas y exlegisladores, es solo una “declaración de buenas intenciones”. Para el historiador y experto en pueblos indígenas Pedro Portugal se lograron avances jurídicos, pero el tema aún es una tarea pendiente para el Estado.
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“Considero que las leyes sobre el tema o la declaratoria de estos días no hacen que el problema de la discriminación desaparezca y hasta solo se está disfrazando los conflictos que dieron origen a su conmemoración. El tema necesita cambios mucho más profundos, aún es una tarea pendiente para el Estado”, afirmó Portugal en contacto con EL DEBER.
Antecedente
El 24 de mayo fue señalado como fecha simbólica contra la discriminación, por los actos de violencia y humillación a los que fueron sometidos 50 indígenas, el año 2008. Estas personas fueron capturadas por vecinos de la ciudad de Sucre, quienes ataron de manos a los agraviados, y con los torsos desnudos, los obligaron a pedir perdón arrodillados, por un acto de violencia anterior.
Para la exdiputada sucrense Lourdes Millares esa fecha fue utilizada por el entonces presidente Evo Morales, para manipular a la opinión pública y victimizar a miembros de las organizaciones campesinas que le obedecían. La exlegisladora sostuvo que, con la proclamación de esa fecha, se trató de hacer olvidar los actos violentos cometidos por el Gobierno de Morales en el sector denominado La Calancha, en esa capital, donde hubo una represión policial a una protesta que exigía que la capitalidad plena retornara a Sucre.
Millares recordó que entre el 24 y 26 de noviembre de 2007, a raíz de la represión policial ordenada por el entonces ministro de Gobierno, Alfredo Rada, tres estudiantes universitarios fallecieron. El crimen aún está impune, debido a que el juicio de responsabilidades que debía realizar la Asamblea Legislativa sigue estancado, 19 años después del hecho.
“Hemos vivido 20 años con un Gobierno que se alimentó de la confrontación, de la victimización de los campesinos, los indígenas, versus los blancos, los oligarcas, los que no son dueños de la tierra y se alentó mucho odio por parte del MAS. Intentaron sobreponer a una parte de la sociedad boliviana y sus símbolos, sobre las poblaciones urbanas y eso fue parte la construcción de un relato que le permitió manipular a estas organizaciones campesinas. Lo ha hecho Evo Morales y lo ha hecho (el expresidente) Luis Arce”, concluyó Millares.
En ese contexto, el historiador Portugal, que recientemente renunció al cargo de Director de Descolonización, por diferencias personales con sus superiores, afirmó que aún “hay una relación de poder” que no se encaró de forma seria desde el Estado y que esto se refleja en los recientes enfrentamientos entre sectores de la población.
En ese sentido, explicó que, si bien se pueden dar reacciones racistas contra indígenas, como una reacción de la población citadina en respuesta a actitudes violentas como los bloqueos y marchas, también se pueden presentar un “racismo a la inversa”, por parte de grupos que ven que sus demandas no son apoyadas por otros sectores sociales.
Chicotazos
El 12 de mayo, cerca de las oficinas de la Brigada Parlamentaria, en Santa Cruz de la Sierra, Reynaldo Ezequiel, un dirigente afín a Evo Morales, se presentó junto a un grupo de seguidores, para dar declaraciones contra el Gobierno y en respaldo a los bloqueadores en el país. Entonces, miembros de la Juventud Cruceñista, lo agredieron con un cinturón, mientras se le exigía respeto al departamento que amenazaba cercar.
Este hecho generó gran controversia, sobre los insultos racistas que recibió el dirigente, pero al mismo tiempo, en la ciudad de La Paz, se registraron, según datos de la Policía Boliviana, 123 casos de agresiones de marchistas indígenas o dirigentes vecinales de El Alto contra ciudadanos.
Para el exdiputado del MAS, Renán Cabezas, la promulgación de la Ley contra la discriminación racial constituye uno de los aspectos positivos en el Gobierno de Morales, pero cuyo sentido sigue sin cumplirse. Puso como ejemplo lo sucedido con Reynaldo Ezequiel y la quema de la wiphala.
Si bien estas agresiones no se tipificaron como delitos de discriminación, una de las víctimas, el diputado de Alianza Unidad, Róger Labardenz, sufrió una agresión que lo dejó inconsciente. El hecho se registró el 11 de mayo, cuando el legislador de Santa Cruz caminaba, debido a los bloqueos, hacia el aeropuerto de El Alto. La agresión le provocó un coagulo en la cabeza, por lo que fue sometido a una cirugía. En contra parte, la Fiscalía inició una investigación por la quema de una wiphala, acto cometido por marchistas en la ciudad sede de gobierno.
Fuente: El Deber