Johnny Nogales Viruez
En la Casa de la Libertad se volvió a recordar el primer grito libertario de América, lanzado el 25 de mayo de 1809. Es una fecha que evoca el inicio de las luchas independentistas y el sacrificio de quienes soñaron con una patria libre. Ese legado nos obliga a no traicionarlo.
Pero hoy Bolivia atraviesa un momento demasiado grave como para refugiarse únicamente en evocaciones históricas o frases emotivas.
Mientras el país enfrenta bloqueos, desabastecimiento, tensión social y una creciente sensación de pérdida de autoridad, el presidente volvió a recurrir a recuerdos familiares y contó que su abuelo solía repetirle: “Bolivia es la patria que no nos abandona”.
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Es posible que tenga razón. Tal vez Bolivia sea, efectivamente, una patria que no nos abandona. Los que la abandonamos somos nosotros.
La abandonamos durante años, mientras se saqueaban recursos públicos en una escala que Bolivia nunca había conocido. También la abandonamos cuando muchos renunciaron a principios y valores para acercarse al poder, para convertirse en corifeos o en beneficiarios discretos de sus favores.
Algunos lo hicieron por ambición. Otros por miedo. Muchos por conveniencia. Prefirieron convencerse de que la estabilidad justificaba el silencio, mientras los contratos y los privilegios fluían desde un gobierno convertido en botín político.
Y así, la degradación dejó de ser responsabilidad exclusiva de quienes mandaban. También empezó a recaer sobre sectores sociales, empresariales, profesionales e incluso ciudadanos comunes que optaron por acomodarse antes que resistir.
Y la seguimos abandonando.
Porque un país también se abandona cuando se permite que grupos organizados paralicen ciudades, impidan el tránsito de alimentos y medicamentos, provoquen muerte y desesperación, y desafíen abiertamente la autoridad del Estado sin una respuesta firme y eficaz que proteja a la población.
Por eso preocupa escuchar nuevamente discursos cargados de apelaciones sentimentales, mientras la sociedad espera respuestas concretas. Más aún cuando, en medio de esta crisis, el presidente insiste en presentar la reducción de su salario y el de los ministros como una gran señal política. Nadie puede cuestionar que sea un gesto legítimo. Pero Bolivia no enfrenta un problema que pueda resolverse mediante austeridad simbólica.
Al mismo tiempo, el primer mandatario se deshace en explicaciones de que el perdón de impuestos y otras medidas no están dirigidos a beneficiar a los ricos. No cesa de repetir que nada se privatizará. Esas expresiones delatan la dificultad de reconocer que la única forma de salir de la crisis es permitir que se genere riqueza; que ello también significa más empleos dignos y mayores recaudaciones.
Bolivia necesita inversión, producción y confianza. Necesita generar riqueza. Necesita abrir espacio real a la participación del sector privado, atraer capitales, innovación, tecnología, conocimiento… Para eso debe abandonar la desconfianza ideológica hacia quienes producen e invierten.
Persisten signos preocupantes de apego a lo que el socialismo utilizó como excusa para llegar y sostenerse en el poder, pero que —bien lo sabemos— terminó empobreciendo precisamente a quienes decía defender.
Asimismo, es saludable y democrático buscar la participación de los sectores sociales en la vida pública. Pero una cosa es escucharlos y otra someterse permanentemente a sus exigencias para evitar conflictos o granjearse aplausos.
Durante décadas, muchos sectores fueron mimados por el poder gracias a una disponibilidad extraordinaria de recursos. Mientras fluían subsidios, prebendas y cuotas de poder, guardaron un silencio cómplice frente a la corrupción y los abusos. Fueron copartícipes del deterioro institucional.
El resultado fue una deformación peligrosa de la autoridad estatal. Se instaló la idea de que gobernar consiste en ceder constantemente ante la presión organizada, aunque ello termine debilitando al propio Estado. Porque cuando la ley deja de imponerse, lo que empieza a diluirse no es la autoridad, sino el orden mismo.
Conducir un país no depende sólo de buenas intenciones ni de gestos simpáticos. Un Estado se sostiene con autoridad, capacidad de decisión y personas preparadas, con formación, experiencia y honestidad para administrar la cosa pública. Estas exigencias son mucho más apremiantes en momentos difíciles.
Porque las patrias rara vez mueren de golpe. Empiezan a desmoronarse cuando quienes deben protegerlas prefieren convivir con la decadencia antes que enfrentarse a ella.