“Por la naturaleza de la determinación adoptada por el Departamento de Estado, se trata de una estrategia orientada a combatir las fuentes de financiamiento que sostienen a estas organizaciones ilegales”, explica un especialista estadounidense
Por Carlos Quisbert
Fuente: El Deber
A partir de hoy 5 de junio, la decisión de Estados Unidos de designar al Primer Comando de la Capital (PCC) y al Comando Vermelho (CV) como organizaciones terroristas permite disponer de nuevas herramientas legales para golpear la estructura financiera de estas redes criminales que operan en la región y tienen presencia en Bolivia.
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La percepción fue compartida con EL DEBER por la presidenta de la Comisión de Fuerzas Armadas y Policía de la Cámara de Diputados, Catherine Pinto, y Evan Ellis, profesor del Instituto de Estudios Estratégicos (SSI) del Army War College de Estados Unidos.
“Por la naturaleza de la determinación adoptada por el Departamento de Estado, se trata de una estrategia orientada a combatir las fuentes de financiamiento que sostienen a estas organizaciones ilegales”, explicó Ellis.
El especialista indicó que la clasificación como organizaciones terroristas adoptada por Estados Unidos le otorga a ese país facultades legales para investigar y sancionar a personas, empresas o entidades que financien o faciliten actividades vinculadas con estos grupos criminales.
Añadió que los países que decidan cooperar en esta nueva estrategia contra el narcotráfico deben considerar que la legislación estadounidense permite aplicar sanciones económicas contra patrimonios, activos y operaciones comerciales cuando existan indicios de apoyo o financiamiento a esas organizaciones terroristas.
En ese contexto, la diputada Pinto sostuvo que la medida tendrá repercusiones importantes para Bolivia, puesto que brindará a la Fiscalía y a otras instituciones encargadas de la investigación penal mayores elementos para rastrear las estructuras económicas del crimen organizado.
“Celebro y valoro la decisión de Estados Unidos. Esta determinación confirma una realidad que Bolivia viene enfrentando desde hace varios años y que tiene que ver con la consolidación de organizaciones criminales con una gran capacidad financiera, que amenaza la estabilidad del país y de la región, especialmente en las zonas fronterizas”, afirmó.
Pinto consideró que esta postura internacional puede contribuir a reorientar los esfuerzos de la Policía Boliviana, para lograr el secuestro de droga, además de la identificación de los financiadores, las redes de lavado de dinero y negocios utilizados para sostener las operaciones ilícitas.
La diputada recordó que la cadena del narcotráfico involucra múltiples eslabones, entre ellos la captación de personal para tareas operativas, administrativas y de planificación; el financiamiento de estas estructuras; y la corrupción de funcionarios policiales, aduaneros, fronterizos y del sistema judicial. “Bolivia no puede ignorar esta amenaza. Debemos definir qué papel asumirá el país en iniciativas como el programa Escudo de las Américas y participar de manera efectiva en los esfuerzos regionales de lucha contra el crimen organizado”, sostuvo.
Pinto remarcó que cualquier cooperación internacional en materia antidrogas debe desarrollarse en el marco del respeto a la soberanía nacional y a la Constitución Política del Estado.
En ese sentido, aclaró que la decisión estadounidense no contempla operativos con personal extranjero en territorio boliviano, una posibilidad que podría generar susceptibilidades políticas innecesarias. Por el contrario, señaló que la cooperación estaría enfocada en asistencia técnica, capacitación de personal e intercambio de información de inteligencia, con el objetivo de fortalecer las capacidades institucionales ya existentes en Bolivia.
Para la legisladora, otro elemento que evidencia la necesidad de una coordinación internacional más estrecha es la presencia de altos mandos del PCC y del Comando Vermelho en territorio boliviano. Recordó que, en los últimos meses, la Policía Boliviana capturó y entregó a Brasil al menos a cinco integrantes de alto perfil de estas organizaciones, quienes eran requeridos por la justicia de ese país.
Desde una perspectiva académica, Ellis considera que la presencia de estos líderes criminales en Bolivia responde a diversos factores, entre ellos las facilidades logísticas para coordinar sus operaciones y las oportunidades para el lavado de dinero.
A ello sumó la existencia de áreas de producción de coca excedentaria o ilegal, particularmente en el Chapare como uno de los factores que podrían explicar el interés de estas organizaciones por establecer bases de operación en territorio boliviano.
La Determinación del Gobierno de Trump es bien recibida por las autoridades en Bolivia
Ernesto Justiniano, actualmente ministro de Defensa, calificó como positiva para Bolivia la decisión de Estados Unidos de declarar como organizaciones terroristas al Primer Comando Capital (PCC) y al Comando Vermelho (CV).
El comunicado del Departamento de Estado señala que el Comando Vermelho y el PCC son dos de las organizaciones criminales más violentas de Brasil. Juntas, cuentan con miles de miembros y han orquestado brutales ataques contra policías, funcionarios públicos y civiles brasileños. Su influencia y redes ilícitas se extienden mucho más allá de las fronteras de Brasil, abarcando nuestra región y nuestro país”.
En ese sentido remarcan que la administración del presidente Donald Trump utilizará “todos los recursos a su alcance” para proteger a su país sus intereses de seguridad. Esto con el fin de mantener el problema de las drogas fuera de sus calles “e interrumpiendo las fuentes de financiación de los narcoterroristas violentos”.
Justiniano también destacó el trabajo coordinado que el Gobierno viene desarrollando con la Administración para el Control de Drogas (DEA), además de otros organismos de seguridad de Argentina y Brasil, Chile y de otras naciones del continente.
Fuente: El Deber
