Luis Sivila Alurralde
Bolivia se enfrenta a cambios estructurales a través de una gran transformación política. El gobierno de Rodrigo Paz Pereira promociona el 50/50 desde su campaña electoral, promesa que tomaron con mucho interés los candidatos, ahora gobernadores y alcaldes del país.
Todavía no está claro el procedimiento, pero la torta fiscal será distribuida de diferente forma a la que se administró durante las últimas décadas. Se habla de reformar la Constitución Política del Estado para hacer posible este paso fundamental; se requerirá de un nuevo pacto fiscal, además de distribuir competencias exclusivas para romper el centralismo que ahogó a las regiones.
El mes de marzo se instruyó desde el Ejecutivo, la conformación de mesas técnicas sectoriales a cargo de cada uno de los ministerios.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
El sector de Agua y Saneamiento debe gestionar estas mesas y sentarse a discutir con los gobiernos locales, para analizar el estado actual de las políticas sectoriales, reorientar la regulación, evaluar el desafío de asumir sus competencias exclusivas en la prestación de los servicios, el estado de situación de sus EPSAs y su relacionamiento actual con ellas; examinar las capacidades internas para desarrollar normativa municipal sectorial, observar las capacidades de enfrentar el manejo de regularización legal y técnica de la transferencia de los proyectos ejecutados concurrentemente con otros niveles del Estado.
Existe un vacío muy fuerte en las capacidades institucionales de los gobiernos municipales, incluidos los más grandes del país. Subsisten vacíos que están arrastrando responsabilidades a las MAE por incumplimiento a procedimientos exigidos en la normativa de inversión pública, dificultades en actuaciones básicas, desde la elaboración de informes técnicos y legales para la firma de convenios intergubernativos, actualizar normativa para la recepción de proyectos transferidos por instancias de otros niveles de gobierno; así como en el paso siguiente: realizar leyes y normativa para facilitar la transferencia de administración, operación y mantenimiento a la EPSA de su jurisdicción.
La necesidad de generar y amplificar el conocimiento sobre temas del sector, especialmente en el área de derecho, se hace urgente en el país, para asumir las competencias que la CPE otorgó a los gobiernos municipales hace 17 años. Sin embargo, queda la pregunta: ¿quién se hará cargo de masificar el conocimiento y el fortalecimiento de capacidades?
Más de 300 municipios en el país tendrán que asumir el reto de implementar las competencias sectoriales, que van desde aspectos técnicos, sociales, jurídicos, financieros, económicos y normativo – regulatorios; en el marco de una comprensión del agua de manera integrada con dimensiones hidrológicas, geográficas que permitan garantizar la seguridad hídrica para satisfacer las demandas de sus poblaciones.
En el país, el monopolio del conocimiento y análisis legal del sector, se encuentra en manos de las instituciones estatales del nivel central y de la cooperación internacional, escasas universidades han profundizado espacios permanentes de análisis, investigación, capacitación y extensión sobre la legislación del agua y la seguridad hídrica en el país.
Se percibe una ausencia de espacios de especialización en legislación del agua, la formación de los expertos nacionales está basada en la experiencia de trabajo en el sector, la interacción con especialistas de la cooperación internacional y la formación que reciben en estos espacios. Sin embargo, para la masa de profesionales en leyes que requerirá el país en el cambio que se avecina, no existen centros académicos de capacitación y especialización. Ninguna universidad ofrece un espacio de formación continua en esta temática.
Cuando se evalúa una estrategia y sus mejores prácticas, y se toma como referencia para proponer, copiar estratégicamente y adaptar para el mejoramiento de nuestras propias capacidades, se llama Benchmarking.
En Chile, la Pontificia Universidad Católica, el año 2015 formó un Centro de Derecho y Gestión de Aguas, como iniciativa multidisciplinaria para investigar, aportar a la discusión y proponer soluciones frente al creciente déficit y los problemas regulatorios del agua. A la fecha se consolidó como un referente en seguridad hídrica mediante la publicación periódica de documentos de investigación, consolidación de Jornadas de Derecho de Aguas y su activa participación en el debate legislativo y público. Investiga y divulga boletines sobre el cambio institucional, gobernanza, desalinización y sequía en Chile. Organiza jornadas y alberga congresos estudiantiles. Realiza incidencia pública a través de análisis de reformas al Código de Aguas y acciones de reformas constitucionales. Impulsa la cooperación internacional mediante redes iberoamericanas de investigación jurídica y de regulación hídrica.
A través de un documento de propuesta para la creación de un Centro de Derecho y Gestión del Agua, se ha iniciado contactos con la carrera de Derecho de la Universidad Católica Boliviana San Pablo Sede La Paz, para iniciar una etapa de Benchmarking Funcional o transferencia de buenas prácticas desde Chile. Se espera despertar el interés de las diferentes carreras al interior de la UCB (Ingeniería Ambiental, Ingeniería Civil, Ingeniería Química, Economía, y otras), que la idea germine y se pueda contar con un espacio de análisis sectorial, propagar el conocimiento y fortalecer las capacidades. Las circunstancias políticas que regirán en Bolivia, requieren el aporte de la Academia para mejorar la institucionalidad en el Sector de Agua y Saneamiento.