Los bloqueos entran a su día 39 dejando en una latente crisis humanitaria a regiones y ciudades, como La Paz y El Alto
Viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes. Foto archivo
El decreto de estado de excepción será analizado en el gabinete previsto para este martes, con la mirada puesta en diseñar una medida con el máximo detalle a fin de “cuidar los derechos de quienes no son parte del bloqueo”, explicó el viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes. Aunque evitó hablar de plazos, afirmó que su aprobación es perentoria.
“Hay una situación perentoria, de eso no cabe duda, pero tenemos que tomar todas las previsiones para que esto sea exitoso, con el menor costo humano posible”, anticipó sin dar mayores detalles, al ingresar a los 39 días de un duro bloqueo que deja sin abastecimiento de alimentos, combustibles e insumos médicos a varias regiones y ciudades, como La Paz y El Alto.
Grupos afines a Evo Morales, campesinos, afiliados a la Central Obrera Boliviana (COB) y maestros rurales participan en los bloqueos que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz y que cierran cualquier posibilidad de diálogo —por lo menos hasta el momento—, pese a las convocatorias desde el Gobierno y de un grupo de facilitadores liderado por la Iglesia Católica.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Paredes explicó en red Uno que el objetivo es diseñar una norma muy precisa sobre cómo podría operarse un estado de excepción.
“Esa es la palabra: puliendo, ajustando, delimitando (los alcances). No se olvide (…) que este decreto es una cirugía muy cuidadosa, donde tenemos que evitar afectar a terceros, ser muy efectivos en capturar a los delincuentes y lograr que vuelva la normalidad al país. Entonces, es una situación muy particular”, insistió.
El presidente Paz promulgó la mañana de este lunes la Ley de Estados de Excepción, la cual fija las reglas del juego, como su activación mediante decreto en caso de peligro para la seguridad del Estado, amenaza externa, conmoción interna o desastre natural, con una vigencia de hasta 90 días.
Según la ley, “las actuaciones realizadas por miembros de la Policía Boliviana y de las Fuerzas Armadas durante el estado de excepción gozarán de presunción de legalidad”.
Paredes aseguró que esta disposición no implica ninguna impunidad para los uniformados que actuarán en un eventual estado de excepción.
“Este es un estado de excepción con un tremendo apoyo popular, que busca liberar a la población de un grupo de delincuentes que está agazapado en muchos lugares, camuflado en algunos dirigentes, y que tiene un financiamiento que, según muestran todos los indicios, proviene del narcotráfico”, denunció.
En un operativo de desbloqueo en San Julián, Santa Cruz, hubo cuatro policías heridos por impactos de bala. Morales reveló en su programa en la radio RKC que fue parte de la planificación de la resistencia.