Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.
El presidente Rodrigo Paz en la promulgación de la Ley 1740. Foto: Dircom
“Enfrentamos la amenaza del narcoterrorismo”: Paz afirma que recuperará la estabilidad del país y defenderá la democracia. Viceministro Paredes asegura que un estado de excepción debe cuidar los derechos de terceros, su aprobación es perentoria. Experto en seguridad atribuye los conflictos a una ‘narco-subversión’ y sugiere intervenir el Chapare. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:
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El presidente Rodrigo Paz escribió esta tarde (08) en sus redes sociales que Bolivia enfrenta “la amenaza del narcoterrorismo”, que ha golpeado a las regiones y afectado a miles de familias. Asimismo, el mandatario reafirmó su compromiso de defender la democracia, la seguridad jurídica y los recursos naturales frente a quienes pretenden desestabilizar el país. Aseveró que existe un plan para recuperar la estabilidad de Bolivia y que avanzará “con firmeza” hasta cumplirlo. “La mayor fortaleza de Bolivia es su gente, que cada día trabaja por prosperar y salir adelante. Hoy enfrentamos la amenaza del narcoterrorismo, que ha golpeado a nuestras regiones y afectado a miles de familias. Reafirmo mi compromiso de defender la democracia, la seguridad jurídica y nuestros recursos naturales frente a quienes pretenden desestabilizar el país”, escribió el mandatario.
Una vez vigente la Ley 1740 de Regulación de Estados de Excepción, el presidente Rodrigo Paz aseguró que el Estado cuenta con las herramientas que otorga la Constitución Política del Estado para proteger a la población cuando su seguridad y sus derechos se vean amenazados. “Miles de familias sufrieron bloqueos que impidieron el paso de alimentos, oxígeno, medicamentos y combustible. Eso no lo vamos a permitir. Los bolivianos tienen derecho a trabajar, estudiar y vivir en paz. Nadie está por encima de la Constitución ni de la ley”, afirmó. Paz promulgó la mañana de este lunes la Ley 1740 de Regulación de Estados de Excepción en medio de un duro bloqueo de caminos que cumple 38 días sin pausa en seis de los nueve departamentos del país. La Paz y El Alto son las ciudades más afectadas y se encuentran al borde de una crisis humanitaria.
El decreto de estado de excepción será analizado en el gabinete previsto para este martes, con la mirada puesta en diseñar una medida con el máximo detalle a fin de “cuidar los derechos de quienes no son parte del bloqueo”, explicó el viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes. Aunque evitó hablar de plazos, afirmó que su aprobación es perentoria. “Hay una situación perentoria, de eso no cabe duda, pero tenemos que tomar todas las previsiones para que esto sea exitoso, con el menor costo humano posible”, anticipó sin dar mayores detalles, al ingresar a los 39 días de un duro bloqueo que deja sin abastecimiento de alimentos, combustibles e insumos médicos a varias regiones y ciudades, como La Paz y El Alto. Grupos afines a Evo Morales, campesinos, afiliados a la Central Obrera Boliviana (COB) y maestros rurales participan en los bloqueos.
– El presidente del TSJ plantea diálogo y concertación ante posible aplicación del Estado de excepción
Tras la promulgación de la Ley de Regulación de Estados de Excepción en Bolivia, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, reiteró que la posición de este organismo es el diálogo y la concertación. “Nosotros hemos manifestado nuestra posición institucional en todo momento, que es la concertación, el diálogo y una mesa de negociación”, manifestó Saucedo. La autoridad del TSJ señaló que respetan la decisión de la Asamblea Legislativa Plurinacional que aprobó el fin de semana, la Ley de Estados de excepción que fue promulgada este lunes por la mañana por el presidente Rodrigo Paz. “La posición institucional del Órgano Judicial, respetando esa independencia, es que se agoten las instancias de diálogo y de sentarse en una mesa sincera con compromiso que se puedan cumplir”, reiteró Saucedo.
La Justicia dispuso que de los cinco aprehendidos durante el enfrentamiento con la Policía el viernes, dos sean enviados a Palmasola para que cumplan detención preventiva, mientras que los otros tres se defenderán en libertad. Horas antes de su audiencia, el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, informó que los aprehendidos fueron imputados por los delitos de terrorismo, tentativa de homicidio y lesiones graves o leves. Las personas que se defenderán en libertad presentaron su documentación para que la Justicia acceda a concederles medidas sustitutivas a la detención preventiva mientras se desarrolla la investigación. El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, manifestó que existen cerca de 90 denuncias en el marco de las movilizaciones convocadas por la Central Obrera Boliviana y sectores campesinos.
– Policía dice que no hay garantías para retornar a San Julián tras enfrentamientos
El subcomandante general de la Policía Boliviana, Juan Peña, indicó que no existen las garantías para que efectivos policiales retornen a la estación policial, la cual fue saqueada tras los enfrentamientos registrados el pasado sábado durante un operativo policial y militar de intervención en el punto de bloqueo de ese municipio. “En este momento no existe las garantías para que el servidor público policial pueda ejercer sus funciones o cumplir sus funciones en las instalaciones policiales, debido a que ha sufrido un ataque las instalaciones de la EPI en San Julián”, explicó el subcomandante. El pasado viernes, los uniformados de la estación policial de San Julián fueron replegados para evitar agresiones, esto previo a la ejecución del operativo de intervención. Mientras que el sábado, un grupo de pobladores saqueó la estación policial.
Tras la promulgación de la Ley de Regulación de Estados de Excepción y en medio del día 39 del conflicto, el militar en servicio pasivo Jorge Santistevan sostuvo que el Gobierno enfrenta una situación de “narco-subversión” y recomendó la aplicación de la Ley con una intervención conjunta de las fuerzas del orden en el Chapare, al considerarlo centro de operaciones de las movilizaciones. Para sustentar esa posición, Santistevan apuntó que los hechos registrados en las últimas semanas, especialmente los episodios de violencia reportados en San Julián, muestran características distintas a las de una movilización social convencional. “Ni siquiera es narcoterrorismo, es narco-subversión. Subversión, porque elementos armados intenta defenestrar al presidente y están solventados con dinero del narcotráfico”, sostuvo.
Un convoy de buses que traslada a decenas de personas superó varios puntos de bloqueo y se encuentra a las puertas de La Paz para sumarse a las protestas que golpean y asfixian a la población de El Alto y de la sede de Gobierno desde hace 38 días de forma ininterrumpida, en demanda de la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Este es el segundo video que se difunde en redes sociales sobre este convoy. “Nos encontramos muy cerquita de La Paz. Nos vamos a encontrar con el Gobierno”, relata quien graba el audiovisual mostrando varios de los buses que, aparentemente, llegan del norte de Potosí. En una publicación de la radio cocalera RKC se informa que las personas a bordo de los buses provienen de la provincia Chayanta, específicamente de los municipios de Pocoata y San Miguel de Macha. “Exigen la renuncia del Gobierno”, detalla el reporte.
Dirigentes de la Federación de Comunidades Interculturales Chimoré anunciaron que ingresarán en vigilia y tomarán instalaciones militares asentadas en ese municipio del trópico de Cochabamba, luego de la promulgación de la Ley 1740 de Regulación de los Estados de Excepción. La organización sostiene que la norma representa una amenaza para los sectores movilizados y anticipó un escenario de tensión si el Gobierno dispone intervenciones de las fuerzas del orden en la región. “No nos hacemos responsables de lo que pueda pasar en el trópico de Cochabamba, de los militares y policías”, sostuvo el secretario de Relaciones de la Federación, Mario Rivera. “Que el Gobierno que lo piense muy bien antes de ordenar a los militares y policías para que vayan a los puntos de bloqueo”, advirtió. “El pueblo está cansado, el pueblo va a responder”, dijo.
El Decreto Supremo 5630 de Refinanciamiento y/o Reprogramación de Créditos habilita la posibilidad de acceder a un periodo de gracia de hasta seis meses en el pago de obligaciones financieras, en caso de ser afectados en su capacidad de pago por los conflictos sociales y bloqueos que dañaron la economía nacional y los ingresos. Una vez otorgada esta facilidad por la entidad de intermediación financiera o la empresa de arrendamiento financiero, el “prestatario no tiene que efectuar pagos a capital, intereses, seguros, comisiones y otros cargos en las cuotas de la operación refinanciada y/o reprogramada”, establece el parágrafo II del artículo 3 del decreto. El cobro de intereses, seguros, comisiones y otros cargos no cancelados durante los periodos de gracia y prórroga se realizará a partir de los tres meses de concluido el periodo establecido.
El sector porcicultor boliviano se encuentra en una situación crítica tras acumular pérdidas que ya alcanzan los 60 millones de bolivianos. Ante este escenario, Henry Chávez, gerente de la Asociación de Productores de Porcinos (Adepor), respaldó las recientes determinaciones oficiales al afirmar: “Aplaudimos la medida, ya era hora que se haga, el país está totalmente asfixiado, nuestro sector está muy mal, estamos en terapia intensiva”. Además, indicó que la viabilidad del suministro de alimentos en el país se encuentra bajo una seria amenaza debido a la paralización de las actividades en diversos rubros. «La seguridad alimentaria del país ya está en riesgo; en los otros sectores pecuarios ya no hay producción y esto va a llevar a que la poca carne que exista cueste muy pero muy cara», advirtió el ejecutivo de Adepor.