Asimismo, la vicegobernadora Paola Aguirre, observó que no se establecieron compromisos concretos para evitar futuras medidas de presión ni para garantizar el respeto a la institucionalidad. “El diálogo se dio en un contexto marcado por el chantaje y la extorsión”, cuestionó.
Fuente: Red Uno
Charles Muñoz Flores
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La vicegobernadora de Santa Cruz, Paola Aguirre, expresó su desacuerdo con el acuerdo suscrito entre la Gobernación y sectores movilizados en Yapacaní, al considerar que algunos de los compromisos asumidos podrían interpretarse como concesiones a grupos que, según afirmó, perjudicaron la economía nacional mediante medidas de presión.
Aguirre sostuvo que está “en absoluto desacuerdo con cualquier compromiso que suponga negociar la libertad de personas que han dañado la economía nacional, que han pedido de manera impune la renuncia de un presidente democráticamente electo y que han desestabilizado el país y la economía boliviana bajo solicitudes de beneficio e interés estrictamente personal”.
La autoridad departamental señaló que los acuerdos alcanzados favorecieron a los sectores movilizados, mientras que la ciudadanía fue la principal afectada por los bloqueos. Asimismo, observó que no se establecieron compromisos concretos para evitar futuras medidas de presión ni para garantizar el respeto a la institucionalidad.
“El gobernador ha acudido a los municipios de San Julián y Yapacaní obligado por las circunstancias que seguían perjudicando al departamento de Santa Cruz”, afirmó, al tiempo de señalar que varios de los compromisos firmados ya habían sido acordados anteriormente, por lo que, a su juicio, no existían razones para prolongar el conflicto.
Aguirre también cuestionó la forma en que se desarrolló la negociación, señalando que el diálogo se dio en un contexto marcado por el “chantaje y la extorsión”. Pese a ello, destacó que la intervención del gobernador respondió a la necesidad de encontrar una salida que permitiera restablecer la normalidad en el departamento.
Respecto a las demandas vinculadas con tierras y asentamientos, la vicegobernadora fue enfática al afirmar que la Comisión Agraria Departamental no permitirá la legalización de avasallamientos.
La autoridad reiteró además la necesidad de avanzar en una normativa antibloqueo y cuestionó que los sectores movilizados no hayan asumido el compromiso de resolver futuros conflictos mediante el diálogo y no a través de cierres de rutas.
“Me gustaría ver en los acuerdos la firma de los bloqueadores diciendo que el día de mañana, cuando tengan algo que reclamar, no van a bloquear y van a dialogar”, manifestó.
Finalmente, Aguirre afirmó que el diálogo debe prevalecer como mecanismo principal para la resolución de conflictos y consideró que los bloqueos deben ser eliminados como herramienta de presión.
