El documento fue elaborado por un equipo de abogados, que recopiló y sistematizó los hechos registrados entre el 1 de mayo y el 23 de junio. La denuncia incluye una relación cronológica de los acontecimientos.
eju.tv / Video: Cadena A
El asambleísta departamental de la bancada Patria, Fabián Ochoa, informó este viernes que presentó una denuncia penal ante la Fiscalía de Tarija contra el ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo; el dirigente de la Federación de Campesinos Túpac Katari de La Paz, Vicente Salazar, y el senador suplente Nilton Condori; y otras personas, por su presunta participación en los bloqueos que se extendieron durante 53 días en el país.
«La denuncia fue presentada contra Mario Argollo, ejecutivo nacional de la COB; el señor Salazar, ejecutivo de la Federación de Campesinos Tupac Katari de La Paz; el senador suplente Milton Condori; y otras personas, por los presuntos delitos de atentar contra los derechos fundamentales de los bolivianos, la economía del país y de los tarijeños, y, sobre todo, por las vidas que se han perdido durante estos 53 días de bloqueo», afirmó el asambleísta.
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Detalló que la denuncia atribuye a los involucrados la presunta comisión de delitos relacionados con la vulneración de los derechos fundamentales de los bolivianos, la afectación a la economía nacional y las consecuencias derivadas de las medidas de presión, entre ellas la pérdida de vidas humanas durante el conflicto.
Ochoa explicó que el documento fue elaborado por un equipo de abogados, que recopiló y sistematizó los hechos registrados entre el 1 de mayo y el 23 de junio. La denuncia incluye una relación cronológica de los acontecimientos y los argumentos que, a criterio de los denunciantes, sustentan la investigación penal.
Entre mayo y junio, sectores de la Federación Túpac Katari, integrantes de la COB y seguidores de Evo Morales instalaron bloqueos en distintas rutas nacionales para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz. La medida de presión se prolongó por 53 días y provocó problemas de abastecimiento de alimentos, medicamentos, combustibles y otros productos esenciales, principalmente en el departamento de La Paz, además de generar pérdidas económicas a diferentes sectores productivos del país.
Durante el conflicto, la COB y el Gobierno suscribieron un acuerdo que contempló el levantamiento de las medidas de presión; sin embargo, los sectores vinculados a la Federación Túpac Katari y los seguidores de Evo Morales rechazaron inicialmente el diálogo y mantuvieron los bloqueos. Ante esa situación, el Gobierno dispuso la aplicación del estado de excepción. Días después, ambos sectores declararon un cuarto intermedio, poniendo fin a la movilización.
