“Los delincuentes avanzan tecnológicamente más rápido que los Estados”, señaló el coronel René Calla, exviceministro de Régimen Interior y Policía, quien consideró que el país requiere fortalecer laboratorios, inteligencia criminal y sistemas modernos de control.
Fuente: ANF / La Paz
El caso denominado “Narcomaderas”, investigado tras el hallazgo en Chile de un cargamento de madera exportada desde Bolivia con sustancias ilícitas impregnadas en su estructura, reveló —según especialistas en seguridad— una nueva fase del crimen organizado transnacional: el uso de procesos industriales, empresas legales y tecnología química para burlar los sistemas tradicionales de control.
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El exministro de Gobierno del gobierno de Evo Morales y analista en temas de seguridad, Carlos Romero, sostuvo a este medio que el hecho no debe ser entendido como una operación aislada, sino como la expresión de una estructura criminal con capacidad logística, financiera y técnica. A su criterio, el narcotráfico habría evolucionado hacia modelos donde la delincuencia organizada supera las capacidades de respuesta estatal.
Romero explicó que la modalidad utilizada no consistiría en introducir droga dentro de la madera mediante perforaciones, sino en un proceso químico de impregnación que permite adherir la sustancia a los tablones como una especie de membrana o recubrimiento. Esta técnica, afirmó, requiere infraestructura industrial, conocimiento especializado y la participación de profesionales capaces de manipular químicos y procesos de transformación.
“El Químico”, como se conoce al ciudadano colombiano Edison Alberto Romero Parga, aparece en la hipótesis planteada por Romero como una pieza clave en el desarrollo de este método. Según el exministro, su detención en Lima en enero de 2026, a requerimiento de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), habría permitido que autoridades de Chile y Brasil avancen en la identificación de cargamentos retenidos y posibles conexiones internacionales.
La Fiscalía de Chile informó que la investigación se inició tras la incautación de aproximadamente 1.080 toneladas de madera procedente de Bolivia, en cuyo interior se detectaron sustancias ilícitas que alcanzarían cerca de 108 toneladas. La carga tenía como destino puertos internacionales para posteriormente ingresar a mercados de Europa, Estados Unidos y Oceanía.
De acuerdo con la investigación chilena, la organización utilizó mecanismos para ocultar la droga dentro de productos forestales, dificultando su detección mediante controles convencionales. En Bolivia, la Fiscalía y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) realizaron allanamientos y recolectaron documentación en empresas vinculadas al sector forestal para determinar si existió participación de compañías legales, intermediarios o redes criminales.
Romero planteó que detrás de la operación podría existir una sola organización con una lógica empresarial. Señaló que, aunque la Fiscalía chilena identificó alrededor de 15 empresas vinculadas a la cadena de exportación —principalmente en Pando—, estas podrían haber funcionado como estructuras de fachada o “palos blancos” para utilizar certificados forestales y aparentar legalidad en los envíos.
Su hipótesis apunta a que el procesamiento de la droga podría haberse realizado en centros industriales con mayor capacidad tecnológica, particularmente en Santa Cruz, utilizando posteriormente rutas comerciales hacia Brasil y otros mercados.
Como elemento de análisis, Romero mencionó un incremento significativo en las exportaciones de tablones de madera tropical entre 2021 y 2026, periodo en el que, según sus datos, estas habrían pasado de aproximadamente 60.000 a 200.000 toneladas. En contraste, observó una reducción en la exportación de productos manufacturados como puertas y ventanas, una diferencia que consideró una señal que debe ser investigada por las autoridades.
El coronel René Calla, exviceministro de Régimen Interior y Policía del gobierno de Rodrigo Paz, coincidió en que el caso evidencia una brecha tecnológica entre las capacidades criminales y las herramientas estatales de investigación.
Calla sostuvo que Bolivia enfrenta limitaciones técnicas para identificar métodos sofisticados de ocultamiento de drogas. Explicó que la Policía cuenta con laboratorios orientados principalmente a análisis básicos, pero no con capacidades avanzadas para realizar estudios complejos sobre materiales como la fibra de madera y detectar sustancias impregnadas.
A su juicio, la impregnación podría estar relacionada con procesos industriales como el secado en hornos especializados. Aunque la madera tendría origen reportado en Pando, planteó que la transformación final pudo realizarse en otros departamentos con mayor infraestructura industrial, como Santa Cruz o Cochabamba.
El coronel también advirtió que el narcotráfico ha demostrado una capacidad constante de adaptación tecnológica. Comparó este método con otros utilizados anteriormente, como la denominada “cocaína negra”, creada para dificultar la detección mediante controles tradicionales y el olfato de perros especializados.
“Los delincuentes avanzan tecnológicamente más rápido que los Estados”, señaló Calla en entrevista con la ANF, quien consideró que el país requiere fortalecer laboratorios, inteligencia criminal y sistemas modernos de control.
Romero planteó que la investigación debe concentrarse en reconstruir la trazabilidad de la madera: verificar planes de manejo forestal, permisos, rutas, documentación de exportación y movimientos financieros. También propuso la intervención de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) mediante herramientas tecnológicas para seguir el flujo de recursos, bajo la premisa de que una operación de esta magnitud requiere importantes movimientos económicos.
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