PGE 2026: Exención de impuestos para el agro y la industria por 5 años, Bs 409 MM para universidades y blindaje fiscal, aprobado por la Comisión de Planificación


Con la aprobación en Comisión, el proyecto de ley fue remitido al Pleno de la Cámara de Diputados para su correspondiente tratamiento y consideración.

Foto: Prensa Diputado Raúl Párraga.

eju.tv

La Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría el Proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2026, que incorpora exenciones impositivas por cinco años para sectores productivos, una inyección de Bs 409 millones para el sistema universitario público y disposiciones de blindaje fiscal para garantizar la transparencia en el uso de los recursos. El presidente de la Comisión, diputado Raúl Párraga, destacó que la norma prioriza el interés nacional y responde a las necesidades de los bolivianos.



“El Presupuesto General del Estado constituye una de las normas económicas más importantes del país. Nuestro trabajo fue analizar cada disposición con seriedad, escuchar los distintos criterios y plantear modificaciones que respondan a las necesidades de los bolivianos”, afirmó Párraga, tras dos jornadas de intenso debate y análisis técnico, y destacó que el tratamiento de la norma se desarrolló con responsabilidad y transparencia.

Entre las principales modificaciones aprobadas, el proyecto establece la exención del pago de aranceles e Impuesto al Valor Agregado (IVA) por un período de cinco años para la importación y comercialización de insumos, semillas, drones y sus accesorios, herramientas, equipos, bienes de capital y plantas industriales destinados a los sectores agropecuario, industrial, construcción, transporte y minería. “Esta medida busca dinamizar el aparato productivo y reducir los costos de inversión en sectores estratégicos”, explicó Párraga durante la sesión.

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Asimismo, la Comisión aprobó una redistribución del incremento presupuestario destinado al sistema universitario público, por un monto de Bs 409.725.262. De acuerdo con la modificación, el 85% de los recursos (Bs 348.266.473) será destinado al financiamiento de pago de sueldos y salarios, lo que fortalece la capacidad académica y administrativa de las universidades. El 15% restante (Bs 61.458.789) será asignado al fortalecimiento de la investigación científica mediante el financiamiento de estudios y proyectos de investigación, en cumplimiento de lo establecido por la Constitución Política del Estado.

La Comisión también incorporó disposiciones destinadas a fortalecer la disciplina fiscal y la transparencia en la administración pública. Se establece que el presupuesto modificado tendrá vigencia únicamente durante la gestión fiscal 2026 y no podrá ser utilizado para convalidar, regularizar o legitimar actos administrativos, financieros, presupuestarios o de endeudamiento realizados con anterioridad a la promulgación de la ley. “Esto garantiza que los recursos de 2026 se utilicen para el futuro, no para tapar errores del pasado”, enfatizó Párraga.

También se dispone la creación de programas de saneamiento y sostenibilidad fiscal para las Entidades Territoriales Autónomas, permitiendo que aquellas que suscriban acuerdos con el Ministerio de Economía puedan acceder a mecanismos especiales para readecuar su situación financiera. Además, se modifica el artículo 115 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, fortaleciendo el rol fiscalizador de las asambleas legislativas departamentales respecto al uso de los recursos públicos y estableciendo la obligación de verificar que la deuda flotante y la deuda no registrada no superen el cinco por ciento del gasto ejecutado correspondiente.

Con la aprobación en Comisión, el proyecto de ley fue remitido al Pleno de la Cámara de Diputados para su correspondiente tratamiento y consideración. El PGE 2026 se perfila como una herramienta clave para impulsar la reactivación económica, fortalecer la educación superior y garantizar una gestión fiscal responsable, en un contexto de desafíos económicos y sociales que exigen respuestas integrales del Estado.